El gobierno de Mauricio Macri enviaría al Congreso un proyecto de ley para reformular el régimen de riesgos del trabajo con el objetivo de “intentar contener el constante avance de la litigiosidad contra el sistema, fenómeno que acumula un stock de más de 350 mil juicios en los últimos tres años y supone un costo laboral de más de 5000 millones”, según consignó el El Cronista.

De acuerdo a la periodista Elizabeth Peger, el eje central de la iniciativa elaborada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que lidera Gustavo Morón, en consenso con los principales actores del sistema, establece que será el fuero federal de la Seguridad Social y no el fuero Laboral -como ocurre en la actualidad- el ámbito jurisdiccional en el que deberán dirimirse las controversias vinculadas a accidentes o enfermedades laborales.

“Se buscará ratificar la pertenencia del Sistema de Riesgos del Trabajo al régimen de seguridad social, de indiscutible contenido federal, para resolver los factores negativos de la litigiosidad”, explicó Morón acerca de los alcances de la reforma que promueve el Ejecutivo.

Según El Cronista, la preocupación de la SRT tiene sus argumentos en la aceleración que registró la industria del juicio tras la reforma legislativa de 2012, con un incremento promedio interanual de 15 por ciento en la cantidad de demandas y más de 350 mil juicios acumulados en los últimos tres años, lo que supone un costo laboral estimado en torno a los 5000 millones de dólares.

Para las empresas se trata de una inquietud permanente por el impacto del aumento de la litigiosiodad en los precios que pagan por la contratación de seguros de accidentes.

El diario económico indicó que si bien en promedio el costo de la cobertura alcanza al 3,4 por ciento de la masa salarial, en algunas actividades, regiones o empresas esa tarifa puede llegar a triplicarse. En esos casos, la mitad del precio de los seguros se justifica por el incremento en la cantidad de juicios contra el sistema.

Peger indicó que “el Gobierno comparte la misma preocupación y hasta alerta que, de mantenerse los actuales niveles de litigiosidad, el sistema colapsará”. “No se pueden seguir trasladando más costos laborales”, enfatizó Morón durante una entrevista que, junto a su equipo de colaboradores, concedió a El Cronista.

El superintendente explicó que, junto al cambio de jurisdicción hacia el fuero de la seguridad social, el proyecto de ley elaborado por el organismo se propone solucionar los problemas de procedimiento que enfrenta el sistema, como la resolución institucional por la vía administrativa, a través de las comisiones médicas. Al respecto, destacó que actualmente el 70 por ciento de las contingencias amparadas por la ley se reclaman a través de juicios laborales que evitan la obligatoriedad de la intervención previa de las comisiones, situación que en su opinión “conspira” contra los trabajadores.

“Que el ciudadano vea que el sistema da respuesta genuina y no se vea obligado a ser rehén de una industria del juicio que conspira contra él y la viabilidad del sistema”, enfatizó.

Por otra parte, Morón adelantó que la SRT buscará consolidar el aspecto federal del sistema para avanzar en la igualación de derechos de los trabajadores y a la par “resolver inconsistencias” por el doble rol de las provincias como “responsable del control de las condiciones de trabajo en el sector privado y responsable-empleador de condiciones de trabajo de sus propios trabajadores”.

Con ese objetivo, el organismo promoverá una ley convenio que requerirá de la adhesión especial de las Legislaturas provinciales, en la apuesta de “sentar las bases de una alianza sólida entre Nación y Provincia para que la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sea una cuestión de Estado”, explicó.

Para avanzar con los cambios, la conducción de la SRT consensuó los aspectos centrales de la reforma con representantes del sector empleador, con referentes de las principales centrales sindicales y con las autoridades de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART).