Empujado por la onda expansiva del escándalo desatado por el caso José López, los diputados dieron rápido dictamen al proyecto presentado por el Ejecutivo que contempla la figura del arrepentido para casos de corrupción.

La iniciativa impulsada por el oficialismo obtuvo el apoyo del Frente Renovador, el bloque Justicialista y también del Frente para la Victoria, que se mostró conforme con algunas modificaciones incorporadas.

Al haber consenso general, el proyecto será tratado este jueves y se espera que tenga media sanción.

El tema fue tratado en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad de la Cámara baja, y propone instaurar en el Código Penal la figura del arrepentido para casos de corrupción. En ese marco, se propone beneficiar a los imputados o condenados en una causa con reducciones de penas, para el caso de que brinden información precisa y verosímil que permita avanzar en la investigación judicial.

El titular de la Comisión de Seguridad, el radical mendocino Luis Petri, aclaró que la iniciativa establece “la reducción de la pena del arrepentido”, mas no la “extinción” de la misma. Dicha reducción será de un tercio del mínimo del máximo de la pena en cuestión. Cuando el delito en cuestión estableciera una pena de prisión o reclusión perpetua, la pena se reduciría hasta un mínimo de quince años.

En el artículo 2 del proyecto se establece la figura del “arrepentido falaz”, es decir, el que proporcione “información falsa o datos inexactos”, que será penado con prisión de 4 a 10 años.

Para la elaboración del proyecto que llegará al recinto se consideraron iniciativas de los diputados renovadores Sergio Massa y Graciela Camaño, los peronistas Franco Caviglia y Darío Giustozzi, y los radicales Marcelo Monfort y Jorge D’Agostino. Asimismo se contemplaron iniciativas presentadas por los diputados Manuel Garrido, Héctor Gutiérrez, Héctor Olivares, Carla Carrizo, Victoria Donda, Mario Negri, Diego Mestre, Luis Petri y el hoy senador Julio Cobos.

La diputada jujeña Gabriela Burgos, titular de la Comisión de Legislación Penal, celebró que el proyecto que regula al arrepentido y colaborador eficaz hayan logrado dictamen favorable y puedan ser tratado este mismo jueves en el recinto. “Estamos brindando a la justicia una herramienta que si bien ya existía, no incluía los delitos de corrupción entre otros, resultando así mas eficiente y conveniente para combatir la corrupción que arraso con nuestro país los últimos años”, puntualizó, destacando que “toda persona imputada o condenada por alguno de los delitos que enumera el proyecto podrá ver reducida su condena a cambio de información o datos precisos, comprobables y verosímiles que sirva para delatar a autores o cómplices del delito con igual o mayor grado delictivo”.

“Entablamos reglas claras para la persona que se acoja como arrepentido de un delito que cometió o colaborador eficaz de un delito conexo al delito del cual se le imputa, para dar verdadera batalla a las organizaciones criminales y los funcionarios corruptos”, agregó.

A continuación, parlamentario.com transcribe el dictamen aprobado este miércoles:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el artículo 41 ter del Código Penal de la Nación por el siguiente:

“ARTÍCULO 41 ter — Se le podrá reducir la pena a toda persona imputada o condenada, con o sin sentencia firme, por algún delito de los detallados a continuación en este artículo, cuando durante la sustanciación de un proceso del que sea o no parte, brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles.

El proceso sobre el cual aporte datos o información deberá estar vinculado con alguno de los siguientes delitos:

a) Delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o materias primas para su producción o fabricación previstos en la Ley Nº 23.737 o la que en el futuro la reemplace, y la organización y financiación de dichos delitos.

b) Delitos previstos en el Sección XII, Título I del Código Aduanero.

c) Todos los casos en que sea aplicable el artículo 41 quinquies del Código Penal.

d) Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127 y 128 del Código Penal.

e) Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142 ter y 170 del Código Penal.

f) Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter del Código Penal.

g) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas en los términos de los artículos 210 y 210 bis del Código Penal.

h) Delitos previstos los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del Título XI y en el artículo 174 inciso 5 del Código Penal.

i) Delitos previstos en el Libro Segundo, Título XIII del Código Penal.

Para la procedencia de este beneficio será necesario que los datos o información aportada contribuyan a: evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores, partícipes o encubridores de estos hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de la víctima privada de su libertad; averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previstos en el presente artículo.

La información que se aporte deberá referirse a personas ó delitos penados con una pena igual o mayor a la pena prevista para el delito que se imputa al arrepentido o colaborador.

Cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta quince (15) años de prisión.

La reducción de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación, multa y decomiso.”

ARTÍCULO 2º.- Incorpórese como artículo 276 bis del Código Penal de la Nación el siguiente:

“ARTÍCULO 276 bis.- Será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez (10) años, el que acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter, proporcionare información falsa o datos inexactos.”

ARTÍCULO 3°.- Oportunidad. El acuerdo con el colaborador o arrepentido al que se refiere el artículo 41 ter del Código Penal de la Nación podrá realizarse durante la sustanciación del proceso o, luego de la sentencia condenatoria, durante la ejecución de la pena.

ARTÍCULO 4°.- Beneficios por la colaboración. Los beneficios que podrán concederse por la colaboración a la que se refiere el artículo 41 ter del codigo penal, serán los siguientes:

1) Suspensión de la acción penal. El ejercicio de la acción penal se suspenderá en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se formalizó el acuerdo de colaboración eficaz y hasta tanto se concluya la verificación de los hechos informados, oportunidad en la cual se reanudará el proceso respecto del colaborador. Las medidas de coerción personal dispuestas cesaran o se atenuaran según corresponda. En su oportunidad y cuando haya sido verificado a satisfacción el aporte eficaz, el órgano judicial competente dictará la rebaja de la pena aplicable. Durante el tiempo que el Ministerio Público suspenda el ejercicio de la acción penal también se suspenderán los términos de la prescripción.

2) Reducción de pena en expectativa. El acuerdo de colaboración eficaz en los casos autorizados por esta ley también permitirá:

a) La reducción de un tercio del mínimo a la mitad del máximo la pena que se trate. Por su parte cuando el delito atribuido al condenado estuviere reprimido con prisión o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta quince (15) años de prisión.

b) El cumplimiento condicional de la pena ya impuesta;

c) Acceder a beneficios en el cumplimiento de la condena, conforme lo establecido en la ley N° 24.660 o los emergentes de las leyes provinciales que regulen la materia;

d) Acceso a la eximición de detención, a la excarcelación o recuperación de la libertad, a alternativas o a morigeraciones procesales.

ARTÍCULO 5º.- Criterios para aplicar los beneficios. Para otorgar los beneficios establecidos en el artículo precedente deberá considerarse:

a) el tipo y el alcance de la información brindada;

b) la utilidad de la información aportada para alcanzar las finalidades previstas.

c) el momento procesal en el que el imputado brinda la colaboración;

d) la gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido a esclarecer o impedir;

e) la gravedad de los hechos que se le atribuyen y la responsabilidad que le corresponde por ellos.

Se tendrá en cuenta a favor del arrepentido o colaborador si éste fuese el primero en aportar información.

ARTÍCULO 6°.- Actos de colaboración. Las declaraciones que el arrepentido o colaborador efectúe en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior.

ARTÍCULO 7°.- Acuerdo de colaboración. Requisitos formales. El acuerdo de colaboración se celebrará por escrito, y deberá consignar con claridad y precisión lo siguiente:

a) la determinación de los hechos atribuidos y el grado de participación que se le atribuye al arrepentido o colaborador;

b) el tipo de información a proporcionar por el imputado: nombre de otros coautores o partícipes; precisiones de tiempo, modo y lugar de los hechos por los cuales se brinda colaboración; teléfonos u otros datos de comunicación con coautores o partícipes; cuentas bancarias u otra información financiera e identificación de sociedades u otras entidades utilizadas para colocar, disimular o transferir los fondos ilícitos utilizados o el producto o provecho del delito; toda otra documentación o cualquier otro dato que se repute valioso para el avance de la investigación o el esclarecimiento de los hechos por los que se brinda la colaboración;

c) el beneficio concreto que se otorgará a cambio de la colaboración prestada por el imputado;

ARTÍCULO 8°.- Procedimiento del acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración se celebrará entre el fiscal y las personas que brinden información en los términos de la presente ley. En todos los casos, el arrepentido o colaborador contará con la asistencia de su defensor.

ARTÍCULO 9°.- Acuerdo de colaboración celebrado con el fiscal. Al celebrarse el acuerdo entre el fiscal y el arrepentido o colaborador, dicho acuerdo se presentará para su homologación ante el juez de la causa.

ARTÍCULO 10°.- Homologación del acuerdo de colaboración. El juez que intervenga en la homologación aprobará o rechazará el acuerdo presentado en una audiencia convocada al efecto con la presencia del arrepentido o colaborador, su defensor y el fiscal de la causa. El juez escuchará a las partes y se asegurará que el arrepentido o colaborador tenga debido conocimiento de los alcances y las consecuencias del acuerdo suscripto.

El juez aprobará el acuerdo si el arrepentido o colaborador hubiere actuado voluntariamente y se hubieren cumplido los demás requisitos previstos en esta ley.

En caso de rechazo judicial del acuerdo las partes tendrán derecho a la revisión de Alzada mediante recurso de apelación con efecto devolutivo.

Si la homologación es rechazada finalmente, las actuaciones quedarán reservadas y las manifestaciones efectuadas por el arrepentido o colaborador no podrán valorarse en su contra.

ARTÍCULO 11°.- Incorporación del acuerdo al proceso. En caso de aceptarse, el acuerdo será incorporado al proceso, y la ejecución del beneficio se diferirá al momento del dictado de la sentencia de condena por el tribunal de juicio.

ARTÍCULO 12.- Valoración en la instrucción o etapa preparatoria. El juez deberá valorar preliminarmente el acuerdo arribado y la información brindada a los fines de dictar las medidas cautelares del proceso respecto de las personas involucradas por el arrepentido o colaborador.

Si el arrepentido o colaborador se encontrara privado de su libertad, el juez podrá valorar favorablemente su colaboración, al momento de resolver su excarcelación.

ARTÍCULO 13°.- Funcionarios excluidos No podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional.

ARTÍCULO 14.- Colaboración una vez recaída sentencia de condena. Si la colaboración se produjera una vez recaída sentencia de condena, el fiscal con competencia en materia de ejecución penal procederá a celebrar el acuerdo de colaboración, de conformidad con el procedimiento establecido en esta ley. La homologación del acuerdo y la supervisión de su cumplimiento estarán a cargo del juez competente en lo relativo a la ejecución de la condena.

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad del arrepentido o colaborador privado de su libertad.

ARTÍCULO 15.- Corroboración. Dentro de un plazo no superior a UN (1) año, el juez o el fiscal deberán corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el arrepentido o colaborador hubiere contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiere proporcionado.

El plazo podrá prorrogarse por UN (1) año más en aquellos casos en que las medidas de prueba se demorasen por motivos ajenos a la actividad de la autoridad requirente.

ARTÍCULO 16.- Restricciones en el uso de la información aportada. La información brindada o la prueba obtenida a partir del acuerdo sólo podrán ser utilizadas en el proceso que motiva la colaboración o en otro conexo.

ARTÍCULO 17.- Protección de los colaboradores. Los imputados que colaboren en el marco de la presente ley se encuentran alcanzados por las disposiciones del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados creado por Ley N° 25.764 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 18.- Sentencia. El tribunal no podrá dictar una sentencia de condena fundada únicamente en el testimonio del imputado arrepentido o colaborador.

Al momento de dictar sentencia, el tribunal evaluará la información aportada en función de los parametros de la presente ley.

Si de la corroboración establecida en el artículo 15 resultare que el arrepentido o colaborador ha cumplido con el acuerdo, el tribunal no podrá imponer una pena superior a la acordada.

ARTÍCULO 19.- Ministerio Público Fiscal. La Procuración General deberá remitir a la Comisión Bicameral un informe detallado del funcionamiento y aplicación de la presente ley en los términos del artículo 6º de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, N° 27.148.

ARTÍCULO 20.- Los acuerdos previstos en esta ley y sus beneficios no serán aplicables a supuestos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad.

ARTICULO 21.- Deróguese el artículo 29 ter de la ley Nº 23.737, la ley Nº 25.241.

ARTÍCULO 22.- Invítase a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes a los efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente ley.

ARTÍCULO 22.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.