La Cámara baja sesionará desde las 11 para tratar la ley del arrepentido y la extinción de dominio de bienes provenientes del delito. Cambiemos vuelve a someter a votación la resolución que apunta al exministro de Planificación, que este miércoles fue procesado.
La Cámara de Diputados tendrá este jueves una sesión intensa, donde Cambiemos espera aprobar dos proyectos que apuntan a combatir la corrupción y que tuvieron como disparador el caso del exsecretario de Obras Públicas, José López.
Las dos iniciativas principales consisten en la regulación de la figura del arrepentido –que se amplía a casos de corrupción- y la extinción de dominio para bienes provenientes del delito, en el ámbito civil.
El debate tendrá lugar desde las 11, previa reunión de Labor Parlamentaria, y el primer punto del temario será, una vez más, el proyecto de resolución para autorizar el allanamiento al domicilio y oficinas del diputado y exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
De Vido –quien no asistió a la última sesión- fue procesado este miércoles en una causa por presuntas irregularidades en contratos ferroviarios, aunque el allanamiento, que había frenado el juez Luis Rodríguez, es en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito.
Si bien la resolución tiene un carácter simbólico, dado que el allanamiento tendría a esta altura efectos nulos, el oficialismo buscará acorralar en la votación al Frente para la Victoria, que este miércoles definía su postura en reunión de bloque.
El siguiente punto del temario es el proyecto de creación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, que se constituirá en los próximos días bajo la presidencia de Graciela Camaño (Frente Renovador).
Una vez luego, Diputados debatirá en torno a la figura del arrepentido, un proyecto que obtuvo dictamen favorable con apoyo no sólo del Frente Renovador, sino también del Frente para la Victoria.
A continuación, se discutirá la extinción de dominio para los bienes provenientes de actividades ilícitas, un proyecto para “recuperar lo robado” que para el kirchnerismo es “inconstitucional” dado que se podría aplicar aún sin condena firme.
Ambas iniciativas contemplan los mismos delitos; entre ellos los de corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, asociación ilícita, secuestro extorsivo, prostitución y pornografía infantil. Fueron excluidos los delitos de lesa humanidad.
Arrepentido
El texto aprobado establece que “se le podrá reducir la pena a toda persona imputada o condenada, con o sin sentencia firme (…) cuando durante la sustanciación de un proceso del que sea o no parte, brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles”.
Los beneficios que podría tener el arrepentido son los de suspensión de la acción penal y la reducción de pena en expectativa.
El proyecto prevé así “la reducción de un tercio del mínimo a la mitad del máximo la pena que se trate” y “por su parte, cuando el delito atribuido al condenado estuviere reprimido con prisión o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta 15 años de prisión”.
También se contempla “el cumplimiento condicional de la pena ya impuesta” y el acceso a “beneficios en el cumplimiento de la condena” según la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad.
Por último, otro beneficio es el de “acceso a la eximición de detención, a la excarcelación o recuperación de la libertad, a alternativas o a morigeraciones procesales”.
“No podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional”, aclara el texto.
En el artículo 2 se establece la figura del “arrepentido falaz”, es decir, el que proporcione “información falsa o datos inexactos”, que será penado con prisión de 4 a 10 años.
También se establece otra figura, la del “colaborador eficaz”, aquel que aporte datos y que no esté imputado en la causa en cuestión, pero sí en otra investigación conexa. Esta persona podría acceder así a la misma reducción de penas.
Extinción de dominio
El proyecto consiste en que el Estado pueda apropiarse y disponer de los bienes y activos provenientes de actos ilícitos, para lo cual no sería necesario que haya condena firme.
A diferencia del decomiso, el proyecto está planteado en la órbita civil y no penal, esto es, apunta al bien y no a la persona. Contempla los bienes ubicados tanto en el país como en el extranjero, y no fija plazo de prescripción para la extinción de dominio.
Los bienes que se recuperan podrán ser destinados a las áreas de salud, educación, trabajo y vivienda y lucha contra el narcotráfico.
