La presidenta del bloque de la Coalición Cívica- ARI, Paula Oliveto Lago, presentó un proyecto para que se modifique la ley 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad, que establece las normas básicas que debe observar el sector público de la Ciudad en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos.

La norma fue sancionada en el 2006 por la Legislatura y modificada, por la ley 4.764, en el 2013. La reforma propuesta por la legisladora tiene como objetivo fundamental “generar mayores condiciones de transparencia”. La diputada señaló que es necesario “establecer que el principio general de la contratación del Estado debe ser la licitación pública y que la utilización de otras formas debe ser excepcional y estar sometida a rigurosos límites”.

Oliveto Lago destacó que “esta iniciativa tiene como fin dar mayor transparencia y control a las compras del Estado, que no es otra cosa que cuidar en qué y cómo se gasta el dinero del pueblo”. Y agregó: “es necesario que en momentos como éste, cuando vemos destaparse los casos más impactantes de la corrupción del gobierno K, desde el Pro den claras señales que durante su gestión la administración va a ser clara, eficiente y con rendición de cuentas”.

La legisladora explicó que para que las contrataciones y las compras sean transparentes y competitivas “es fundamental la existencia de publicidad adecuada que asegure la máxima concurrencia de ofertas, la mejor comparación, el equilibrio contractual, precios razonables de mercado, control público, todo ello en garantía del interés público”.

En su proyecto, además mencionó que “en el procedimiento de selección del contratista deben observarse indefectiblemente ciertos principios entre los que se encuentran el de la concurrencia e igualdad, de libre competencia, de publicidad y difusión, y de transparencia”.

Una modificación importante que establece el proyecto es sobre las contrataciones menores. En la actualidad cualquier dependencia del Gobierno de la Ciudad puede realizar contrataciones menores por una suma de 975.000 pesos.

Al respecto, Oliveto enfatizó que “es una cifra excesiva para utilizar un tipo de contratación en la que el sector público no tiene control alguno y en el que puede elegir al contratante por su libre voluntad, lo que implica un importante menoscabo a los principios de transparencia”.

“Es por eso que es necesario cambiar la letra de ese artículo para establecer que la contratación menor sólo puede usarse en aquellos casos en los que la compra no supere los 100.000 pesos y que sólo pueda emplearse sólo dos veces por mes o doce veces anuales, y agregar como exigencia respecto de estos contratos que no puedan tener una duración mayor a un año, ni ser objeto de prórroga ni revisión de precios”, finalizó la diputada.