La senadora nacional Pamela Verasay presentó un proyecto de ley que contempla variaciones en los montos, acorde a las temperaturas en diferentes regiones del país.
El titular de la secretaría de Servicios Públicos de Mendoza, Sergio Marinelli, y la senadora nacional Pamela Verasay (Cambiemos-UCR) elaboraron un proyecto de ley que contempla la instrumentación de una adecuación en las tarifas de gas a lo largo del todo el territorio nacional a partir de un esquema que toma en cuenta las temperaturas promedio de cada región.
En la iniciativa se incorpora a los departamentos mendocinos de Tupungato, Tunuyán, San Rafael, San Carlos y General Alvear a la tarifa diferencial establecida en el artículo 75 de la Ley 25.565.
“Entendimos que teníamos que trabajar en una ley que fuera posible de cumplir y otorgara una solución estructural a este tema. Apuntamos a incorporar a la tarifa diferencial a los departamentos del Valle de Uco, a San Rafael y General Alvear, ya que claramente su isoterma es comparable con la zona sur de La Pampa y la zona este de Río Negro y Chubut. Este proyecto no es un privilegio únicamente para Mendoza, sino que alcanza también al resto de la provincias”, manifestó Marinelli.
De acuerdo con los análisis previos, la estructura de tarifas y segmentación de usuarios residenciales, que se ha venido aplicando desde hace años presenta distorsiones, ya que las regiones han experimentado en los últimos años fuertes variaciones climáticas, según se informó.
En ese sentido, Verasay expresó que “Mendoza es quien ha propuesto un tratamiento federal de este tema. Por ello consideramos que es un proyecto nacional y que puede ser mejorado con el aporte del resto de las provincias”.
Por medio de lapropuesta se pretende adecuar las tarifas de gas natural de acuerdo con los criterios que permitan conferir sustentabilidad social y económica al sistema en su conjunto, implementando variaciones graduales y progresivas, para mitigar la incidencia de los períodos de mayor consumo.
Asimismo, a través de la norma, se busca establecer un programa de uso eficiente de la energía y protección a los usuarios residenciales, comerciales e industriales que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
