El proyecto de ley de extinción de dominio sobre bienes provenientes de actos ilícitos sufrió a último momento un cambio fundamental en la Cámara de Diputados, por el cual Cambiemos cedió en parte a uno de los cuestionamientos más fuertes a la iniciativa.

Tanto la oposición como el propio presidente de la Comisión de Justicia, Diego Mestre (UCR), reclamaban que el decomiso debiera hacerse con previa condena, como una condición para garantizar el “principio de inocencia” del involucrado.

“Considero que no están garantizados los principios constitucionales de defensa en juicio y de inocencia”, reconoció Mestre pasada la medianoche, durante el debate en particular del proyecto en la Cámara baja.

Por eso, el radical insistió en la necesidad de modificar el texto para que la extinción de dominio sólo pueda iniciarse “cuando exista un procesamiento penal firme en contra de quien se la pretenda instruir”.

El Pro, en la voz de Daniel Lipovetzky, se mantuvo firme en su postura y no aceptó ese cambio, pero sí introdujo un alterado para condicionar, de alguna forma, la medida que regula la ley.

La modificación consiste en que para proceder a la extinción de dominio, será “condición” que un juez penal llame a prestar declaración indagatoria al afectado.

De esta manera, se estableció una especie de conexión entre la acción penal y la acción civil, dado que el texto original, que promovía la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, estaba puramente bajo la órbita civil –es decir, apuntaba al bien y no a la persona-.

Ahora, el proyecto para “recuperar lo robado” –ampliado a corrupción y otros delitos- deberá ser tratado en el Senado, que en 2014 había logrado una media sanción al respecto, pero en el ámbito de la Justicia penal.