Por Magdalena Odarda. La senadora considera que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo arrojan incertidumbre sobre el futuro de estos logros alcanzados a través de la historia.
El 15 de junio de 1918, se produjo un hecho histórico que constituye un hito en la en la democratización de las universidades nacionales. La denominada la Reforma del 18 comenzó con la lucha de los estudiantes de la Universidad de Córdoba que se alzaron contra el modelo ultra conservador que pretendía seguir sosteniendo una universidad de corte elitista a través de la elección de sus autoridades sin participación estudiantil y con los lineamientos excluyentes propios de la clase social conservadora. El gobierno nacional de ese momento intervino el centro de estudios con el fin de democratizarlo, pero solo fue a partir de la participación directa de los estudiantes que se sentaron las bases de la reforma que aspiraba a renovar la estructura y objeticos de las universidades, modificando las metodologías de estudio, valorando la libre expresión del pensamiento, el compromiso con la realidad social y participación de los estudiantes en el gobierno universitario. Las bases que estableció la Reforma fueron: el Cogobierno estudiantil, la autonomía universitaria, administrativa, política y libertad del docente, la gratuidad de la enseñanza superior, asistencia libre de estudiantes, Libertad de cátedra, concursos con jurados con participación de estudiantes, investigación libre, extensión universitaria y compromiso con la sociedad.
A casi 100 años de esta simbólica lucha, estudiantes y docentes de las universidades nacionales han ocupado durante el mes de mayo las calles en reclamo a las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo, bajo la consignas de defensa de la Universidad pública, gratuita y de calidad para todos y todas.
Las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo desde diciembre pasado, arrojan incertidumbre sobre el futuro de estos logros alcanzados a través de la historia. Esto en un país que hasta el año 2015 fue considerado por la UNESCO, junto con Uruguay, con los mejores índices de acceso a la educación en América Latina.
El decreto 13/2015, deja en manos del nuevo Ministro de Educación y Deportes, la atribución de aplicar los principios establecidos en las leyes creadas en los años 90: las leyes 24.195 (Ley Federal de Educación), 24.521 (Ley de Educación Superior) y 24.856 (Pacto Federal Educativo).
Por otra parte, el decreto 336/2016 dejo sin efecto los convenios celebrados entre las áreas de la Administración pública y las distintas universidades, disponiendo que los contratos laborales a partir del primero de marzo deben tener la previa intervención del Ministerio de Modernización, para lo cual debe estar debidamente fundamentada la solicitud. Esto es visiblemente una medida de ajuste que puede atentar contra la calidad educativa y la autonomía de las universidades nacionales.
Por otra parte, debido al aumento de tarifas y el aumento generalizado de insumos, es necesario debatir la recomposición del presupuesto para el presente año. La partida adicional prometida por el gobierno será insuficiente si no se hace algo para eximir a los centros educativos del pago de los servicios. Por otro lado, la reasignación de recursos que estaban previstos dentro de presupuesto 2016, sería transferida a las provincias para solventar sus gastos, representando un achique aun mayor a los centros de estudios.
Las medidas adoptadas generan una fuerte reacción en amplios sectores sociales y con justa razón. Los logros en la gratuidad y calidad educativa han sido alcanzados en nuestro país, pero también es cierto que la privatización de la educación ha sido una sombra presente acechando en muchos momentos.
La Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, en el año 2008, afirma que: “La Educación Superior como bien público social se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se revierta ésta tendencia y que los gobiernos de América Latina y el Caribe garanticen el financiamiento adecuado de las instituciones de Educación Superior públicas y que estas respondan con una gestión transparente. La educación no puede, de modo alguno, quedar regida por reglamentos e instituciones previstas para el comercio, ni por la lógica del mercado. El desplazamiento de lo nacional y regional hacia lo global (bien público global) tiene como consecuencia el fortalecimiento de hegemonías que existen de hecho.”
Cualquier intento de aplicar ajustes en la Universidad pública debe retrotraerse. La universidad es del pueblo y el desafío es seguir fortaleciéndola desde el Estado.
Odarda es senadora nacional, abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Cursando Maestría en Políticas Publicas y Gobierno en la UNRN
