La Corte Suprema rechazó un recurso interpuesto por la Cámara de Diputados a raíz de dos amparos presentados por ONGs en 2014. A su vez, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 10 intimó al Senado a cumplir con esa sentencia.
La Justicia hizo lugar a una presentación de cuatro organizaciones de la sociedad civil y ordenó al Congreso de la Nación brindar información pública sobre sueldos, pasajes, bloques, empleados y documentos administrativos.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Directorio Legislativo y Poder Ciudadano habían presentado en el año 2014 dos amparos para acceder a estos datos, pero la Cámara de Diputados había interpuesto un recurso extraordinario.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia rechazó esa presentación, dejando así firme la sentencia, que obliga a la Cámara a publicar proactivamente sus resoluciones administrativas.
A su vez, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 intimó al Senado a cumplir con su sentencia, luego de que la Corte rechazara, el 11 de mayo pasado, un recurso extraordinario paralelo interpuesto por la Cámara alta.
El Juzgado argumentó que “en materia de acceso a la información pública existe un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes de acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente”.
“Se trata de información de carácter público que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”, y que con “la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud”, indica el fallo.
Las organizaciones habían solicitado información pública sobre los montos en pesos que reciben cada uno de los bloques políticos de cada Cámara; el listado de empleados de cada institución; la escala de dietas y remuneraciones de los senadores nacionales; las becas y subsidios que otorgan los diputados nacionales; una nómina de los diputados que cobran desarraigo; y la publicación de las resoluciones administrativas de la Cámara de Diputados de la Nación.
Según informaron las ONGs en un comunicado, ninguno de estos pedidos de información fue respondido en estos años.
