I. Pago a jubilados El núcleo del proyecto es la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional para que el Poder Ejecutivo firme acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron contra la ANSES por la mal liquidación de sus haberes. Este acuerdo implicará el cese del litigio a cambio de un pago […]
I. Pago a jubilados
El núcleo del proyecto es la declaración de la emergencia en litigiosidad previsional para que el Poder Ejecutivo firme acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron contra la ANSES por la mal liquidación de sus haberes. Este acuerdo implicará el cese del litigio a cambio de un pago en dos partes: 50 por ciento en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales consecutivas que se irán actualizando a lo largo del tiempo.
El pago de estos juicios, la actualización de los haberes y la nueva Pensión Universal a la Vejez serán financiados con los fondos del blanqueo de capitales que autorizará la futura ley y que irán al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
Sin embargo, la iniciativa también habilita la venta de acciones que la ANSES tiene en empresas privadas -producto de la estatización de las AFJP en 2008- para hacer frente a los pagos en caso de requerirlo. El Grupo Clarín, los bancos Macro, Francés y Patagonia, Alto Palermo, Metrogas, Metrovías, Edenor, Quick Food e Irsa son algunas de las compañías en donde la ANSES tiene acciones. Así, se deroga la ley sancionada por el kirchnerismo que prohibía vender las acciones sin autorización de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
Por pedido de la oposición, el oficialismo aceptó incluir un agregado que indica que las tenencias accionarias de la ANSES no deberán ser inferiores, en principio, al 7%.
La mencionada Pensión Universal a la Vejez beneficiará a mayores de 65 años y significará el 80% del haber mínimo. Pero además, se extendió por tres años más la moratoria previsional lanzada por los gobiernos kirchneristas para que aquellos que tengan la edad jubilatoria pero no los aportes necesarios puedan recibir la jubilación correspondiente, con el descuento de los aportes que no hicieron.
II. Blanqueo
Con respecto al blanqueo de capitales, tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2017 sin posibilidad de prórroga.
Fueron excluidos los tres poderes del Estado en los tres niveles de gobierno –nacional, provincial y municipal-, designados entre 1ro de enero de 2010 y el período de vigencia de la ley.
Tampoco podrán acogerse los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los funcionarios, los condenados por delitos tributarios con sentencia firme, los declarados en quiebra y las personas con procesamiento firme o no por lavado de activos y otros delitos, entre otros casos.
Si el total de bienes a exteriorizar es de hasta 305 mil pesos, se podrá blanquear a costo cero; hasta los 800 mil pesos, deberá pagarse un impuesto del 5%; y si el total es mayor a 800 mil, el impuesto es del 10% hasta el 31 de diciembre de 2016, y del 15% si el blanqueo se produce el primer trimestre de 2017.
No podrán ser objeto de blanqueo los fondos depositados en países denominados “de alto riesgo”, según la “lista negra” del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
III. Coparticipación e impuestos
Por otra parte, la iniciativa establece que la Nación financie el déficit de las cajas previsionales, extendiendo durante 90 meses la moratoria a 13 provincias que no las transfirieron. Es otro de los puntos atractivos para varios gobernadores.
El oficialismo accedió en la Cámara de Diputados a no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un tema que será discutido más adelante por la comisión bicameral que crea el proyecto; de todos modos, se mantiene la modificación en las alícuotas.
Más importante aún, se exceptuó del pago del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo a los trabajadores que tienen sus impuestos al día y están exentos del impuesto a los Bienes Personales, que ahora tendrá un piso de 800.000 pesos.
