La titular del Poder Ejecutivo provincial, la gobernadora María Eugenia Vidal, tiene un frente abierto y aun sin ejes directores con los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial.
Más temprano que tarde la gobernadora María Eugenia Vidal tendrá que tomar “el toro por las astas” en un tema sensible y que muchos lo visualizan como la terminal de los diversos inconvenientes en materia de seguridad y transparencia en la administración del Estado.
Como se sabe, la provincia de Buenos Aires carga sobre sus espaldas 28 años de administración del peronismo, en sus distintas variantes que durante años funcionó en un escenario político con la UCR, hoy un socio minoritario del oficialismo gobernante.
Acuerdos alcanzados por ese sistema de partidos dominantes perduran hasta nuestros días, tal vez sin que ni los actuales dirigentes de uno u otro partido estén en sintonía con esos acuerdos alcanzados otrora.
Organismos vitales del Estado fueron quedando bajo la responsabilidad de dirigentes que emergieron tras esas conversaciones políticas y que en algunos casos no tienen relación alguna con los nuevos “habitantes” del Poder Ejecutivo o, en general, con la dirigencia que emerge o las tienen de manera “oblicua”.
A poco de andar la gobernadora María Eugenia Vidal se encontró con un problema ya esbozado en el último tramo del Gobierno de Daniel Scioli, que se resolvió de manera transitoria pero al parecer “para siempre”en la Fiscalía de Estado, donde Hernán Gómez pudo hacerse de la titularidad de ese organismo de la Constitución, tras la muerte del histórico Ricardo Szelagowski, que estuvo por un cuarto de siglo al frente del organismo.
Al mismo tiempo el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aries con su presidente Eduardo Grimberg, desde fines de la década del 80 a cargo del organismo, y las cuatro vocalías que constituyen la conducción del ente, no paran de exponer el manejo poco transparente y clientelar que allí se practica desde la máxima conducción.
El sainete que protagoniza Grimberg con gran elenco, entre los que se destacan, Cecilia Fernández, Miguel Telletchea, Héctor Giecco y Gustavo Fernández no tiene nada que envidiarle a los grandes éxitos del género a lo largo de la historia. Donde la estructura estaría llena de parientes y amigos en funciones aun más ininteligibles que las del propio organismo, en teoría, de control. Tanto las autoridades actuales como el rol del organismo es materia de debate que nunca termina de pasar a los hechos por diversos intereses que allí convergen.
La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia a cargo de María del Carmen Falbo es tal vez la más visibilizada de “las herencias” que empiezan a hacer ruidos en el poder real de la provincia de Buenos Aires. La titular del Ministerio Público está en el ojo de la tormenta por el comportamiento de los fiscales en casos resonantes, pero por sobre todo por quienes serían sus terminales políticas que la depositaron en ese lugar.
Por último, también debemos dar cuenta sobre cierta idea que empieza a cobrar forma en la dirigencia oficialista y que tiene que ver con los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, hoy presidida por Luis Esteban Genoud e integrada por Hilda Kogan, Héctor Negri, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lázzari, Daniel Soria y Juan Hitters. Todos ellos impregnados de “olor político”, ninguno con línea directa al Gobierno, y sospechados de “parcialidad”.
Mientras los republicanos de Cambiemos empiezan a apuntar esta situación general, aunque descartan de plano acciones, y los radicales están analizando por donde se podría consolidar “posiciones de neutralidad”, que de por sí deberían estar garantizadas; los cívicos parecen ser los más decididos a avanzar.
El senador bonaerense Andrés De Leo que integra el bloque oficialista de Cambiemos presentará en los próximos días un pedido de informe que tratará de poner sobre la mesa en formato de estadística el funcionamiento de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios (SPJEMyF). La hipótesis subrepticia “corroborada según deslizan- es que el organismo vela demasiado por “las garantías” de los acusados.
Esta secretaria fue sacada de la órbita de la Suprema Corte de Justicia hace algún tiempo, pero nunca terminó de marcar una verdadera independencia de ella, aunque en términos formales sí, en la realidad, según deslizan los observadores, la Suprema Corte sigue teniendo mucha influencia.
La SPJEMyF es el vértice, un punto de unión, de todos estos organismos “con la sola excepción de Fiscalía de Estado-, porque es desde allí donde se instruyen los procesos eventuales de juicios políticos. Y el Senado es el Cuerpo que presta acuerdo para la designación tanto del Secretario permanente como de los cinco prosecretarios.
El oficialismo de Cambiemos en el Senado, avanzó en alianzas que permitió cambiar cuatro de los cinco prosecretarios, pero no avanzó sobre el secretario permanente, Ulises Giménez, que conduce el organismo desde su creación en 2007 y tuvo su sustento político de Néstor Kirchner, Alberto Ballestrini, Luis Genoud y el ejecutivo senador Federico Scarabino. Cierta pluralidad formal del organismo le da algún aliento al histórico apoderado del PJ bonaerense para mantenerse en la titularidad.
