“Una noche de terror”. Así describieron los trabajadores de Tiempo Argentino y de Radio América el feroz ataque que sufrieron en la redacción durante la madrugada de este lunes por parte de una patota comandada por el empresario Mariano Martínez Rojas.

Los periodistas fueron recibidos por diputados del Frente para la Victoria, del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) y del Frente de Izquierda, en una reunión en el Anexo de la Cámara baja encabezada por el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Remo Carlotto.

Consternados por el insólito acontecimiento, los trabajadores del otrora Grupo 23 contaron cómo en la madrugada de este lunes el empresario Martínez Rojas y unos 20 patovicas irrumpieron en el edificio de Amenábar 23, de la Ciudad de Buenos Aires -donde se encuentran las instalaciones que comparten Tiempo Argentino y Radio América- para destrozar las oficinas y las herramientas de trabajo, golpear a los periodistas presentes y destruir todo tipo de registros.

A un día de los hechos, periodistas y diputados opositores coincidieron en señalar durante la conferencia de prensa que “no hay antecedente en democracia de la destrucción de una redacción como la de Tiempo”, como aseguró el director periodístico del diario, Gustavo Cirelli. “Nos remite a épocas muy oscuras de la dictadura”, compartió Carlotto, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Para los trabajadores, el ataque está vinculado a la “política de vaciamiento” del Grupo 23 por parte de los empresarios Sergio Szpolski -excandidato a intendente de Tigre por del Frente para la Victoria- y Matías Garfunkel, que dejaron de pagar sueldos, echaron periodistas y cerraron medios como el portal Infonews.

Pero luego de meses de lucha, los trabajadores de Tiempo Argentino decidieron poner en pie una cooperativa de trabajo para garantizar la continuidad y el salario de todos sus empleados, con el lanzamiento de un matutino que, como antes, mantiene su perfil opositor al gobierno de Mauricio Macri.

Críticas al Gobierno y a la fiscal

En primer lugar, los trabajadores cuestionaron duramente a la Policía Federal por impedirles ingresar la edificio mientras Martínez Rojas y su patota destrozaban las oficinas de la cooperativa. Por si fuera poco, denunciaron que estas personas no contaban con una orden judicial para hacerlo y se presentaron como los dueños del inmueble.

Pero según los cooperativitas, el documento que presentaron para probarlo era un contrato que fue rescindido, ya que el Ministro de Trabajo dispuso que los bienes y las herramientas del diario deben permanecer bajo la custodia de los trabajadores, que hace ya varios meses están trabajando en el edificio de la calle Amenábar 23 haciendo funcionar el diario bajo gestión propia.

“El problema no fue que se cayó la pauta; fue la decisión consciente de cerrar un medio”, afirmó Randy Stagnaro, otro de los trabajadores de Tiempo que participó de la conferencia.

Además, los trabajadores cuestionaron a la fiscal del caso, Verónica Andrade: “no quería que entremos y no se hizo presente”, denunciaron, al tiempo que pidieron que la causa pase a la Justicia federal por la comisión de delitos federales.

Pero también la ligó el Gobierno. “Quiero remarcar la responsabilidad del oficialismo: (la ministra de Seguridad Patricia) Bullrich dijo que el problema es entre privado”, cuestionó el jefe de los diputados kirchneristas, Héctor Recalde, al advertir que la Casa Rosada intenta no involucrarse en el tema. En este sentido, contó que desde el Ministerio de Seguridad le pesaron la pelota al Gobierno de la Ciudad, pese a la actuación de la Policía Federal.

Myriam Bregman (FIT), en tanto, denunció que “la impunidad con la que cuentan los empresarios quedó muy clara, cuando se vio a la Policía protegiendo el accionar de esta patota contra los intereses de los trabajadores de Tiempo Argentino, que han logrado mantener en funcionamiento el diario con un gran esfuerzo, enfrentando el vaciamiento de empresarios como Szpolski y Garfunkel, que se llevaron los millones de pesos de la pauta oficial, y ahora lo estan disfrutando. Es una situación similar a la que hoy atraviesan las fabricas recuperadas”.

En este marco, los diputados adelantaron que convocarán a las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) -que reemplazó a la AFSCA y a la AFTIC como autoridades de aplicación de la Ley de Medio y de Telecomunicaciones- para saber con “certeza” si las licencias que argumenta Martínez Rojas son efectivamente de su propiedad. Además, reclamaron al Ministerio de Trabajo que otorgue REPRO -pago de salarios para empresas en crisis- a la cooperativa.

De la conferencia también participaron Leonardo Grosso, Silvia Horne y Araceli Ferreyra del Peronismo para la Victoria; Diana Conti, Teresa García, Luis Basterra, Eduardo Seminara, Josefina González, Carolina Gaillard y Adrián Grana del Frente para la Victoria; y Myriam Bregman del Frente de Izquierda.

Proyectos legislativos

A través de un proyecto de resolución, un grupo de diputados de distintos partidos propuso que la Cámara baja exprese formalmente su “repudio” a los hechos, su “solidaridad” con los trabajadores agredidos y además “exija” a los ministerios de Trabajo y de Justicia de la Nación “que se tomen de inmediato las medidas pertinentes para que estos hechos no queden impunes y para garantizar la continuidad de la gestión de los trabajadores y el cumplimiento de todos sus reclamos”.

La iniciativa fue firmada por Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Victoria Donda (Libres del Sur), Felipe Solá (Frente Renovador), Eduardo Seminara (FpV), Julio Raffo (Diálogo y Trabajo), Gabriela Estévez (FpV), Horacio Alonso (Frente Renovador), Jorge Barreto (FpV), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Liliana Mazure (FpV) y Lucila De Ponti (M. Evita).

Carlotto anunció que impulsará un proyecto similar, mientras que la radical massista Cecilia Moreau presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo.