Buscan garantizar la continuidad de Conectar Igualdad

A través de un proyecto, el bloque Peronista quiere que el programa tenga fuerza de ley.

El diputado nacional Andrés Guzmán presentó junto a diputados del bloque Peronismo para la Victoria un proyecto para que el Programa Conectar Igualdad se consolide como una ley. De esta manera, se buscará que el Congreso de la Nación garantice la continuidad del mismo.

El proyecto establece, en primer lugar, el derecho de los estudiantes y docentes al acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TICs), en el sistema educativo con miras a la mejora de la calidad, las competencias académicas y laborales de los futuros egresados de nivel secundario y de la formación docente. Tal como fuera reconocido oportunamente en el ámbito de Naciones Unidas, este programa persigue el esencial propósito de reducir la brecha digital en los distintos sectores de la sociedad.

El proyecto establece un marco legal para todo el territorio argentino dentro del cual el Estado Nacional tendrá el rol de planificar, coordinar y ejecutar las políticas necesarias para asegurar los objetivos, mientras que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán participar en la articulación de las acciones que se requieran.

“En la edificación del contenido pedagógico del Programa se han tenido en cuenta las potenciales experiencias individuales y colectivas en el uso de estas tecnologías, cuestión que no implica abandonar los recursos, equipamiento y modos de trabajo ya instalados, sino que se da espacio a nuevas dinámicas al interior del aula y el desarrollo de trabajo por fuera de las estructuras edilicias”, señala la iniciativa.

Asimismo, promueven una versión más abarcativa del PCI, incluyendo no sólo a estudiantes, docentes -de instituciones educativas de nivel secundario, de educación común, técnica y especial- y al sistema formador, sino a las instituciones de gestión social y cooperativa, ahondando en la democratización en el acceso a las TIC. Sumamos a ello la necesidad de que el Estado evalúe incorporar a las escuelas de la familia agrícola (E.F.A.) que son de gestión social y que contienen a un enorme número de estudiantes de comunidades rurales.

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