La Legislatura derogó la ley del Consejo de Propiedad Horizontal

Por unanimidad quedó anulada la norma que creaba el ente y le otorgaba poder a SUTERH, en la representación del Comité Ejecutivo. En principio, el oficialismo pretendió modificarla, pero ante el reclamo masivo de vecinos y organizaciones, aceptó avanzar con la derogación.

La Legislatura porteña derogó este jueves la ley 5.464, que creaba el Consejo de la Propiedad Horizontal, un ente para regular a los consorcios y controlar a los administradores, que todavía no había entrado en funcionamiento.

La norma había despertado la polémica por el poder que adquiría el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), en la conformación del Comité Ejecutivo.

La anulación se aprobó por unanimidad, con 55 votos positivos. De esta manera se cayó el acuerdo que había sido sellado entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular del PJ de la Ciudad y secretario general de SUTERH, Víctor Santa María.

La iniciativa se había sancionado con 58 votos positivos y 2 abstenciones, correspondientes a los legisladores Gustavo Vera (Bien Común) y Hernán Arce (PS), durante la megasesión del 3 de diciembre de 2015.

El Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura un proyecto para modificar la ley y, sobre todo, la composición del Comité. El despacho se firmó el pasado 18 de mayo, e incluyó una serie de cambios propuestos por el diputado Diego García de García Vilas (Confianza Pública). Sin embargo, ante el fuerte rechazo de los vecinos, el Ejecutivo aceptó avanzar con la derogación.

Hernán Arce (PS), quien presentó el proyecto para que se derogue la ley, confesó: “estamos contentos de que haya llegado el día para avanzar en la derogación de esta ley. Una ley que fue aprobada sobre tablas, y no se había llegado a discutir en comisión”.

El legislador recordó que “hubo presentaciones judiciales con respecto a esta ley”. “Quiero agradecer las voces de los vecinos, de los consorcistas, los Consejos Consultivos, y distintas organizaciones”, agregó.

Por su parte, Marcelo Ramal (FIT) denunció que la aprobación de la ley “fue en una sesión de pactos políticos”, donde “se cambiaron leyes por cargos”. Y señaló que la anulación se da “por el repudio de los vecinos” y “porque se han caído pactos políticos”.

A su turno, Gustavo Vera (Bien Común) cargó contra sus pares, y manifestó: “menos el diputado (Hernán) Arce y yo, todos levantaron la mano”, y pidió que los legisladores “no tienen que ponerse a darnos cátedra”.

El titular de La Alameda recordó que en la sanción de la ley “no hubo debate” y que “si no fuera por el lío de los vecinos ya teníamos esta estructura y nadie decía nada”.

También, Vera se quejó que durante el año, la Legislatura vota “pedidos de informes, ciudadanos ilustres, nombres de escuelas y árboles”, y hacia fin de año se aprueban numerosas leyes sin la discusión pertinente. Y luego de haber diferenciado entre delito culposo y doloso, sugirió cierta conducta “dolosa” por parte del Cuerpo a la hora de haber aprobado la norma.

En respuesta de Vera salió el diputado Alejandro García (Pro), quien dijo estar “cansado” de las acusaciones de su par y pidió una cuestión de privilegio, solicitando que se vote en forma negativa para que sea tratada oportunamente en la Junta de Ética.

Por otro lado, Diego García de García Vilas mencionó que desde el bloque Confianza Pública se presentó el primer proyecto modificatorio, “porque entendíamos que era una ley que no podía funcionar de ninguna manera como había sido aprobada”, y que el gremio de los encargados “no podía tener esa representación” en el Comité.

Desde el Frente para la Victoria, Gabriel Fuks rechazó las alusiones a “un pacto político” y afirmó: “yo voté a consciencia. Sí leí la ley”. Además, defendió las “buenas intenciones” que tuvo el exlegisaldor Fernando Muñoz cuando presentó el proyecto de ley. Finalmente, solicitó “poder volver a rediscutir la norma”.

En tanto, María Rosa Muiños (FpV) pidió que el secretario parlamentario, Carlos Serafín Pérez, leyera la carta que Santa María le envió a Diego Santilli, el presidente de la Legislatura. En la misiva, el secretario general de SUTERH manifestó “la necesidad de que la Ciudad cuente con un organismo que regule la actividad de los administradores, a fin de evitar las prácticas abusivas que conllevan tanto al aumento indiscriminado de expensas”.

El titular del PJ porteño reconoció que “el debate público que envuelve este tema excede la abrumadora mayoría con que se aprobó la norma en diciembre”. “Esto nos hace reflexionar en la manera en que debe volver a debatirse esta problemática que, a nuestro entender, debe darse en el marco del mayor consenso posible”, sostuvo.

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