Desde el 2 de agosto tendrán lugar las audiencias públicas en comisiones del Senado. Los proyectos podrían recibir cambios.
Alrededor de 30 funcionarios, representantes del Poder Judicial y especialistas darán su opinión sobre los proyectos de ley del arrepentido y extinción de dominio para los bienes provenientes del delito, cuyo debate iniciará en el Senado el 2 de agosto.
Esa fue la fecha fijada para comenzar a debatir, durante tres audiencias públicas, las iniciativas que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, que podrían recibir modificaciones, sobre todo la de extinción de dominio.
“Puede que si sale así, sea declarada inconstitucional”, admitió a parlamentario.com una fuente de peso de Cambiemos en la Cámara alta, sobre la posibilidad que tendría el Estado de apropiarse de los bienes del acusado aun sin que haya condena.
De todos modos, antes de definir si se introducirán cambios –lo que provocará el regreso de los proyectos a Diputados-, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico escucharán a numerosos invitados.
Participarán del debate los ministros de Justicia, Germán Garavano; de Seguridad, Patricia Bullrich; la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; y Fernando Córdoba, secretario de la Procuración General de la Nación.
Entre los jueces, fiscales y abogados especialistas que también estarán presentes en las audiencias públicas se encuentran Ricardo Sáenz, vicepresidente de la Asociación de Magistrados; Carlos Donoso Castex, presidente de la Asociación de Fiscales; Jorge Rizzo, del Colegio Púbico de Abogados; Esteban Righi, exprocurador General de la Nación; León Arslanián ,exministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires; Ricardo Gil Lavedra, coordinador general del Programa para la Reforma Judicial “Justicia 2020”; Pedro David, juez de la Cámara de Casación Penal; Edgardo Donna, exjuez de la Cámara del Crimen de Capital Federal; y el abogado José Ignacio Cafferata Nores.
También asistirán el abogado Fernando Díaz Canton; Guillermo Yacobucci, juez de la Cámara del Tribunal Oral Nro. 6 de la Capital Federal; Guillermo Catalano, presidente de la Corte de Justicia de Salta; Claudia Mizawak, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos; Félix Croux, fiscal de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración General de la Nación; Eduardo Massot, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; Raúl Pleé, fiscal general de la Cámara Federal de Casación Penal; Patricia Llerena, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 26 de la Ciudad de Buenos Aires; Maximiliano Rusconi, abogado; Enrique Lilljedahl, procurador general de Catamarca; y Sergio Rodríguez, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Concurrirán académicos y miembros de ONGs, entre los que se destacan Daniel Pastor, director del Departamento Penal y Criminología (UBA); Marcos Salt, profesor especialista en Derecho Penal y Procesal Penal; Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Hernán Gullco, presidente de la Asociación Derechos Civiles, Hugo Wortman Jofre, presidente del Consejo de Administración de Poder Ciudadano; Teodoro Kreckler de “Justicia 2020”; Ernesto Domenech, director cátedra de Derecho Penal Universidad Nacional de la Plata; Francisco D´Albora, presidente de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA) y Roberto Bulit Goñi, director de FAPLA.
El proyecto de ley del arrepentido plantea la ampliación de dicha figura para casos de corrupción, por el cual las personas que brinden información veraz para esclarecer este tipo de delitos contra el erario público podrán acceder a una reducción en las penas, aunque no a la extinción de las condenas.
En tanto, el proyecto de ley de extinción de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado argentino diferencia la figura de extinción de dominio con el decomiso, instrumento que se utiliza para recuperar bienes que cuenta con limitaciones. Además, contempla los bienes que se encuentran en el país y en el exterior, y no fija plazo de prescripción para la extinción de dominio.
