El presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado provincial, Hernán Albisu (Frente Renovador), dialogó con Semanario Parlamentario y sentó la posición de su espacio frente a los aumentos en las tarifas de luz, gas y agua, y le exigió mayor previsibilidad al Gobierno Nacional.

Pidió que se de marcha atrás con el aumento de tarifas y “hacer lo que dice la ley y el marco regulatorio energético”.

– ¿Cómo analizan desde el FR la decisión de la justicia de frenar el aumento tarifario en el gas?

– Lo primero que no debe hacer el Gobierno es tirarle el problema al Poder Judicial, porque no es el poder que debe llevar adelante una política en materia de servicios públicos, creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es lo que le planteó Sergio Massa en su carta al presidente Mauricio Macri, dar marcha atrás con las resoluciones y hacer lo que marca la ley y el marco regulatorio del gas.

– ¿Considera que las consecuencias son producto de no cumplir con la Constitución?

– Lo que se viene haciendo es pasar por arriba la ley, el marco regulatorio del gas, esto trae aparejado las consecuencias que estamos padeciendo todos los argentinos con un tarifazo enorme. Lo que vemos es que quisieron frenar un auto que va a 200 km por hora en un segundo, y eso es imposible; la única forma de frenarlo es chocando. En vez de ir frenándolo de a poco, prefirieron hacerlo así que materialmente es imposible.

– ¿Analiza una direccionalidad política por parte del Gobierno?

– Son decisiones políticas. El dinero para subsidiar la producción de petróleo existe o para quitarle las retenciones a la minería existió. Yo creo que es parte de la política, por eso no tiene que ver el poder judicial, porque no es el poder que lleva adelante una política concreta, estas son decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo. Lo más razonable sería llamar a todos los sectores institucionales, a través de un consejo económico y social, para que den su opinión, haciendo las audiencias públicas para que los usuarios, no solamente los usuarios residenciales, los grandes usuarios de gas, las Pymes, puedan explicar cómo les impacta y cuál es la manera más razonable para ir a un cambio.

– ¿Cuál es el diagnóstico que hacen desde el Frente Renovador?

– Nosotros el análisis o el diagnóstico lo compartimos; lo que no compartimos es el tratamiento que le están dando a ese paciente el actual Gobierno. Nosotros lo venimos marcando desde que salieron las resoluciones, inclusive Liliana Schwindt, que es la presidenta de la Comisión Usuarios y Consumidores de la Cámara de Diputados Nacional, se lo envío por carta a Aranguren en el mes de abril, y creo que eso es precisamente lo que deberíamos hacer. Este empantanamiento judicial le va a llevar mucho más tiempo al Gobierno que tomar una decisión ahora, como se lo está pidiendo Sergio Massa de retrotraer las tarifas, analizar realmente cual es la posibilidad de aumentos graduales que existe y creo que así van a ganar tiempo viéndolo inclusive desde una visión fiscalista, como la que están planteando en el oficialismo.

– ¿Cuál es la propuesta del Frente Renovador al respecto?

– Nosotros lo que planteamos es retrotraer tarifas y darle un horizonte a la gente, explicarle qué es lo que está pagando, cómo lo va a pagar, qué criterios se utilizan para hacer los aumentos, decirles a la gente cuál es el costo de extraer el gas, transportarlo, distribuirlo, inclusive con la energía eléctrica, explicar todas estas cuestiones porque sino seguramente va a seguir ocurriendo lo que viene sucediendo, donde un día pasa de pagar 300 a 3000, 4000 o 5000 pesos y eso también es inseguridad jurídica.

– ¿Qué opina sobre la posición del Gobierno ante los aumentos?

– El problema que tenemos es que no se explica qué criterio utilizaban para aumentar 1.500% y después poner un tope de 400%. No tiene lógica y la gente creo que también se enoja por que no le pueden explicar qué es lo que le están cobrando.

– ¿Existen ilegalidades en el accionar del Gobierno?

– Hay dos a tres puntos que son ilegales. La falta de audiencia pública es una ilegalidad a la Constitución y al marco regulatorio; y además la incompatibilidad de los funcionarios que tomaron las decisiones. Hay funcionarios que tomaron estas decisiones que benefician directamente a las empresas que trabajaron hasta el 10 de diciembre, concretamente el interventor del Enargas, que venía de Metrogas por ejemplo, y después tampoco le hacen caso al marco regulatorio cuando dice que el servicio tiene que tener el menor costo posible. Nosotros somos conscientes que estamos ante un desbarajuste en materia energética, lo que no estamos de acuerdo es en la forma en que quieren solucionarlo, es peor el tratamiento elegido que la enfermedad del paciente.