El primer semestre en la Legislatura porteña

En lo que va del año, los diputados sesionaron en 17 oportunidades. La tragedia de Time Warp, la creación de la Agencia de Bienes y la derogación de la Ley del Consejo de Propiedad Horizontal, fueron algunos de los momentos destacados en la agenda parlamentaria.

Por Melisa Yael Jofré

Desde aquel breve discurso de apertura de un nuevo período legislativo, que diera Horacio Rodríguez Larreta en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo, y hasta el receso de invierno que comenzó esta última semana, el Parlamento local lleva realizadas un total de diecisiete sesiones ordinarias y dos sesiones especiales. En comparación con 2015, donde el calendario electoral se entrometió en la labor parlamentaria, sobre todo en el primer semestre cuando se celebraron las elecciones primarias, generales y el balotaje en la Ciudad, el Cuerpo se reunió seis veces más.

Las sesiones que protagonizaron los diputados durante la primera parte de este año dejaron un saldo de aprobaciones de 430 proyectos de declaración, 223 proyectos de resolución y 103 proyectos de ley. Cabe señalar que, del número total de leyes, hay 10 que corresponden a la instauración de nuevos días en el calendario, 26 que implican cambios en la nomenclatura de instituciones educativas, plazas y distintos lugares de la urbe -algunos de ellos con sanción inicial-, y 22 son de nuevas personalidades destacadas de la Ciudad. Además, están aquellos proyectos de ley que corresponden a desafectaciones de predios, condonaciones de deuda, donaciones de monumentos o declaraciones de sitios históricos, entre otros.

Caracterizada por tener sesiones todos los jueves, la Legislatura arrancó el mes de marzo con una agenda “liviana” y realizó un total de cuatro sesiones. La sanción más destacada fue un proyecto para la creación de un Centro de Transbordo en el barrio de Chacarita, ubicado en la manzana delimitada por las avenidas Corrientes y Federico Lacroze y la calle Olleros. La norma fue aprobada por 57 votos positivos y una abstención. La ley, propuesta por el Poder Ejecutivo, implica un reordenamiento de las paradas actuales, permitiendo el incremento de la movilidad; el establecimiento de conexiones más seguras, la mejora en el servicio de subte y colectivos, la incorporación de mobiliario urbano, la repavimentación de las veredas, renovación de la iluminación, mejora de la seguridad vial y una puesta en valor de toda la zona y sus alrededores.

Abril también tuvo cuatro sesiones, pero el hecho que marcó las discusiones fue la tragedia de Costa Salguero. Las muertes de cinco jóvenes durante la fiesta electrónica “Time Warp” pusieron en el ojo de la tormenta al oficialismo, y la oposición alzó la voz contra la falta de controles por parte del Gobierno porteño. No sólo se presentaron once pedidos de informes al Poder Ejecutivo, los cuales fueron consensuados en un solo texto de 44 preguntas que se aprobó el jueves 21 de ese mes, sino que además el Frente para la Victoria y la izquierda insistieron con la interpelación a Larreta y algunos funcionarios. Finalmente, esas propuestas nunca avanzaron.

Ante la conmoción, la reacción del Pro fue aceptar el pedido de Gabriel Fuks (FpV) y traer de inmediato al titular de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, para que brinde explicaciones ante la Comisión de Desarrollo Económico. En una exposición sin respuestas claves, el director del organismo aseguró que los controles habían cumplido con “todos los requisitos de la normativa”. La disconformidad con la información aportada por el representante del Ejecutivo aumentó las críticas y entonces, tras un debate de cinco horas, el cuestionario al Gobierno porteño cosechó 55 votos a favor y una abstención, de Marcelo Ramal (FIT). En esa picante sesión, la última en tomar la palabra fue Carmen Polledo, la vicepresidenta primera, que salió a aclarar la participación de su esposo, Fernando Polledo Olivera, en la empresa Telemetrix, concesionaria del predio Costa Salguero desde 1992, ante la polémica que esto había despertado.

Hacia mayo el oficialismo buscó retomar la agenda del Ejecutivo y lo logró. El proyecto para crear un polo gastronómico, un centro cultural y una playa de estacionamiento en la Plaza Houssay, se alzó con 52 votos positivos y 4 negativos en la segunda lectura. De esta manera, el Gobierno quedó habilitado para el llamado a licitación para el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del lugar ubicado entre las facultades de Medicina y Ciencias Económicas de la UBA. Por otro lado, también recibió sanción definitiva la iniciativa para concesionar por 15 años el Centro de Convenciones y Exposiciones que se encuentra en construcción en Recoleta, y tendrá una capacidad para más de 5.000 personas. Esta ley recibió 53 votos a favor y 4 en contras. En ambas propuestas, los votos negativos fueron de los legisladores Gustavo Vera (Bien Común), Adrián Camps (PSA), Patricio Del Corro (PTS) y Fernando Vilardo (AyL), quienes consideraron a los proyectos del Pro como “cheques en blanco” para “beneficio de los privados”.

Fue durante la misma sesión en la que, con un voto más del necesario, el oficialismo consiguió además que Poder Ejecutivo sea autorizado a tomar una deuda por 160 millones de dólares, o su equivalente en pesos, para la construcción de la Villa Olímpica en la Comuna 8. En la votación, casi toda la oposición no acompañó el proyecto, y el endeudamiento quedó aprobado con 32 votos a favor, 13 en contra y 12 abstenciones. El bloque conducido por el macrista Francisco Quintana obtuvo la mayoría absoluta con los dos votos del bloque Confianza Pública, conducido por Graciela Ocaña -quien estuvo ausente-, los dos de la Coalición Cívica y el voto de Javier Gentilini, el único representante del Frente Renovador. En esa ocasión, el Frente para la Victoria se abstuvo, mientras Bien Común, el interbloque ECO (SUMA+, PS y PSA) y los tres monobloques de la izquierda rechazaron el pedido.

En junio, el Pro fue en busca de lo que había dejado pendiente en abril, cuando las divisiones internas del Frente para la Victoria hicieron fracasar el acuerdo entablado en el mes de diciembre de 2015, para crear la Agencia de Bienes S.E y la construcción de un Parque de la Innovación en el predio donde funciona la histórica institución Tiro Federal Argentino. Durante las discusiones, la norma fue tildada de “inconstitucional” por gran parte del arco opositor y obtuvo un amplio rechazo durante la audiencia pública a la que fue sometida. Pese a las modificaciones que el texto sufrió en el dictamen firmado por un plenario de comisiones, y ante la polémica desatada, un sector de legisladores del kirchnerismo duro se plantó en contra de la aprobación.

Finalmente, en las negociaciones el Pro convenció a SUMA+, el tercer bloque mayoritario dentro del recinto -con seis diputados-, que propuso una serie de cambios para apoyar la ley. Así, el oficialismo alcanzó superar, por poco, los dos tercios de las voluntades que se requerían y cantó victoria con 42 votos a favor, 16 en contras y dos abstenciones. De manera positiva no sólo votó SUMA+, sino además lo hicieron Confianza Pública, el Frente Renovador, Sindical Peronista y tres legisladores del Frente para la Victoria. En el bloque conducido por Carlos Tomada hubo dos abstenciones y siete rechazos. En tanto, se opusieron la Coalición Cívica, el Partido Socialista, el PSA, Autodeterminación y Libertad, Bien Común, FIT y PTS.

A la semana de la primera exposición del jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, el pleno volvió a reunirse para derogar, por unanimidad, la Ley 5.464, que creaba el Consejo de la Propiedad Horizontal, un ente para regular a los consorcios y controlar a los administradores, que todavía no había entrado en funcionamiento. La norma había despertado la polémica por el poder que adquiría el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), en la conformación del Comité Ejecutivo, y por la posibilidad de la suba de las expensas, al momento de su aplicación. Desde el Partido Socialista, el legislador Hernán Arce fue quien presentó un proyecto para que se anule la ley. En tanto, el oficialismo esperó los movimientos del Ejecutivo, quien ante la presión vecinal, envió a la Legislatura un proyecto para modificar la ley y, sobre todo, la composición del Comité. Pero sin apaciguar el fuerte rechazo, Rodríguez Larreta decidió avanzar con la derogación.

Lo que viene

En lo inmediato, se espera que sea girada al Parlamento la iniciativa de ampliación presupuestaria, que es tratada todos los años en la Comisión de Presupuesto. Asimismo, en la segunda parte del año será el debate por el Presupuesto 2017, el primero de la gestión larretista. Por otro lado, también desde el Poder Ejecutivo llegaría en agosto un nuevo proyecto para la puesta en valor del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, ubicado en el sur de la Ciudad, que dejaría sin efecto a un texto que había obtenido despacho de mayoría en un plenario de comisiones, pero nunca se trató en el recinto. El mismo establecía la creación de un fideicomiso por 30 años. Por último, la transferencia del juego a la órbita porteña y la reforma política, son dos temas que tendrían lugar en la agenda.

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