A través del decreto 873/16, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri dispuso el traspaso de la Nación a la Ciudad de la gestión de los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal.

Por este motivo, la presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Andrea Conde (FpV), presentó un pedido de informes para conocer las condiciones de dicho traspaso.

En la solicitud, se pide que el Gobierno porteño responda acerca de cuál será la autoridad de aplicación, qué presupuesto tendrán los programas, si se respetarán las condiciones laborales de todos los trabajadores afectados a dichos programas y los plazos previstos, entre otras.

Al respecto, la diputada dijo que “el traspaso de los centros de régimen cerrado de Nación a la Ciudad es un misterio. Estamos profundamente preocupados porque no hay claridad sobre cuál será la modalidad de traspaso de los y las trabajadores, ni de qué manera y bajo qué perspectiva se trabajará con los adolescentes durante su permanencia en los centros, para prevenir su ingreso y acompañar su egreso”.

“La Ciudad no debe desaprovechar esta oportunidad para discutir democráticamente la mejor manera de garantizar los derechos de los pibes y pibas de la Ciudad. La efectiva garantía de derechos requiere de un abordaje integral y con una perspectiva de inclusión social dotado de recursos, políticas efectivas y trabajadores de la infancia jerarquizados”, agregó la legisladora.