El bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, presidido por Oscar Romero, reiteró este miércoles su reclamo para suspender el tarifazo y advirtió que “el presidente no escucha los problemas que afectan a la mayoría de los argentinos”.

En una reunión donde analizaron la agenda legislativa, los diputados se manifestaron preocupados por “la falta de sensibilidad del Gobierno nacional frente a los sectores afectados por el tarifazo de los servicios públicos, la inflación incesante y la destrucción de los puestos de trabajo”.

“Como peronistas entendemos que la política debe ser una herramienta de transformación al servicio de la gente y vemos que el presidente no escucha los problemas que afectan a la mayoría de los argentinos”, sostuvieron.

Por ello, el bloque Justicialista remarcó “la necesidad de suspender el tarifazo en los servicios públicos” y propuso establecer un aumento gradual en los mismos. “Ante la improvisación del Ejecutivo, creemos que es fundamental llevar tranquilidad a los hogares y al sector productivo”, manifestó la bancada de Diego Bossio en un comunicado.

Los legisladores enumeraron como los principales problemas que atraviesa el país “la situación del mercado interno, la caída del consumo, el aumento de costos, las excesivas tasas de interés que afectan el crédito y la inversión, y la situación del freno en la inversión pública”.

A su vez, alertaron sobre “la pérdida del poder adquisitivo que están padeciendo los beneficiarios de la seguridad social”.

En este sentido, el bloque presentó una iniciativa que representaría un beneficio directo para casi 16 millones de personas dado que prevé un aumento extraordinario de 13% a jubilados; titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables; beneficiarios de pensiones honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur; niños cubiertos por la AUH y titulares de la Asignación por Embarazo para Protección y; por último, niños cubiertos por las Asignaciones Familiares.

Entre los fundamentos, se menciona “un traslado masivo del costo a los bienes y servicios que componen la canasta básica, fruto de la devaluación inicial producida por el actual Gobierno, a lo que se suma el tarifazo de luz, gas, agua y transporte y la deficiente implementación de las tarifas sociales”.

También se detalla que el índice de movilidad anunciado en el mes de marzo, junto con el que se estima para septiembre, dará una movilidad anualizada para 2016 menor a la inflación reconocida por el propio gobierno que alcanza 46% anual.

“El objetivo es cubrir en parte esa diferencia entre la movilidad de 2016 y la inflación, para paliar la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones de la seguridad social”, sostiene el proyecto impulsado por Bossio, exdirector de la ANSES.

En cuanto al financiamiento, prevé la utilización de la renta producida por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) durante 2014 y 2015, monto que asciende a $37.903.500.000 y $52.154.300.000, respectivamente.