El reglamento de la Cámara de Diputados fue el gran protagonista de la sesión especial de este miércoles. Es incluso más importante que los tarifazos, el motivo de las deliberaciones.

Lo que sucedió fue que ninguno de los seis proyectos del temario que elaboraron el Frente Renovador y Progresistas tenía despacho de comisión, tal como lo exige el proceso constitucional de sanción de leyes. Aunque nada le impide al pleno tratar iniciativas directamente en el recinto, si se cumplen ciertas condiciones.

Así, con el objetivo de bloquear cualquier proyecto que pusiera en aprietos al Gobierno, la alianza oficialista Cambiemos le exigió a los opositores que reúnan dos tercios de los votos presentes para aprobar cualquiera de estas iniciativas. No fue un pedido inocente, pues sabía que la oposición no logaría el número.

Ahí comenzó la discusión que empantanó la sesión. Graciela Camaño, jefa de los diputados massistas, fue la primera que puso en duda dicha exigencia y logró que el resto de la oposición se le sumara en coro, pero finalmente no consiguió someter a votación esa interpretación del reglamento.

“La Negra” -que cuenta con una larga trayectoria como diputada- negó que para aprobar estos proyectos se requieran los dos tercios de los que habla el artículo 147 del reglamento de la Cámara. “Ningún asunto podrá ser tratado sin despacho de comisión, a no mediar resolución adoptada por las dos terceras partes de los votos emitidos, sea que se formule moción de sobre tablas o de preferencia. Los proyectos que importen gastos, no podrán ser tratados, en ningún caso, sin despacho de comisión”, reza el 147.

Para eso apeló a otro artículo, que abrió una ola de especulaciones. “Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente”, sostiene el 228.

De inmediato se sumaron el resto de los bloques opositores, que pidieron no obstruir de la voluntad de la mayoría de los diputados de pronunciarse en contra una medida tan impopular como los tarifazos por cuestiones burocráticas.

La respuesta oficial

En minoría, el oficialismo resistió con sus propias argumentaciones. “El artículo 147 es taxativo, no admite interpretación”, protestó el jefe del interbloque oficialista, Mario Negri, que acusó a sus pares opositores de hacer “artilugios reglamentarios” para cumplir con su objetivo.

Elisa Carrió, en tanto, defendió el requisito de los dos tercios y aseguró que “están hechos en defensa de las minorías”. “Porque una mayoría circunstancial puede imponer cualquier tema, sin conocimiento de los diputados, con una sola sesión especial. Entonces no es una cuestión menor. Es una cuestión que hace a la esencia de la convivencia y del funcionamiento previsible”, explicó.

Además, sostuvo que “la mayoría de los proyectos implican gastos presupuestarios” y que el artículo 147 impide tratar este tipo de propuestas sin despacho de comisión. Por eso, dijo: “lo que acá nadie está diciendo es que acá no se trata de las tarifas sino de los miles de millones de pesos que tiene que transferir el Estado a las empresas, lo que implica déficit fiscal e inflación”.

Asimismo, rechazó que el Congreso pueda anular los decretos que dispararon los aumentos en los servicios de gas, luz y agua. “Resoluciones del Ejecutivo no pueden ser causales de nulidad del Parlamento (…) No podemos anular decretos, salvo que el decreto asuma funciones legislativas y esta no es una función legislativa”, aseguró.

Réplica opositora

Pero Camaño siguió firme. “El reglamento no está para obstruir el funcionamiento de la Cámara; no está para defender minorías; está para que la Cámara funcione”, protestó, con pragmatismo. “El reglamento no dice que las comisiones son más importantes que el recinto, sino que son de asesoramiento de los diputados. Lo que estamos haciendo cuando obstruimos con el reglamento el funcionamiento del recinto es no solo no conocer la totalidad del reglamento sino auto-imponernos una censura insoportable”, completó.

Otra que intentó refutar los argumentos del oficialismo fue la kirchnerista Diana Conti. Así, al rechazar los fundamentos de Carrió, aseguró: “no hay ni decreto, ni decisión administrativa ni resolución del PEN que no pueda ser derogada por el Congreso Nacional (…) Anular un decreto, una ley, sí es materia privativa del (Poder) Judicial y excepcionalmente lo hicimos con las leyes de obediencia de vida y punto final. Pero derogar decretos y decisiones del Ejecutivo, y en casos como este, de carácter abusivo y generador de infelicidad para nuestro pueblo, todo lo contrario para lo cual fue designado un administrador de nuestro pueblo”, sí es facultad del Congreso.