A raíz de la denuncia de diputados kirchneristas, un fiscal pidió investigar a la vicepresidenta para determinar el origen de los 245 mil pesos y 50 mil dólares que tenía.
La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Gabriela Michetti, fue imputada en la causa en la que se investiga el origen de los 245 mil pesos y 50 mil dólares que le robaron la noche en que Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales.
El fiscal federal Guillermo Marijuán dictaminó este viernes a favor de abrir una investigación al sostener que el origen de los fondos podría configurar un “delito de acción pública” y, en tal sentido, le recomendó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en ese sentido.
El 22 de noviembre pasado se llevaron de la casa de Michetti, en el barrio porteño de Balvanera, 245 mil pesos y 50 mil dólares que estaban guardados en distintos ambientes de la vivienda.
Michetti explicó que 200 mil pesos eran parte de una donación a la fundación SUMA, que preside; 45 mil pesos estaban dedicados a gastos corrientes y de una refacción edilicia, y los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja para un posgrado de su hijo.
El fiscal acogió favorablemente las denuncias presentadas por el abogado Leonardo Martínez y por los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade (Frente para la Victoria-PJ), y decidió impulsar la investigación.
“De acuerdo a los términos de la denuncia que origina la presente, resultaría imputada prima facie la licenciada Gabriela Michetti”, dice el dictamen de Marijuan. Sin embargo, el fiscal aclaró que ello es “sin perjuicio de que nuevos elementos probatorios permitan individualizar a otros presuntos responsables de los hechos aquí develados”.
Los denunciantes pidieron investigar si la vice incurrió en algún delito, establecer si el dinero estaba declarado y corroborar si 200 mil pesos provinieron de una donación recibida por la fundación SUMA, como Michetti explicó.
En su denuncia, Cabandié y Tailhade aludieron a la Fundación SUMA y “expresaron que la mayoría de los miembros del gobierno integran o son autoridades de fundaciones que desarrollan tareas políticas de manera paralela a la que formalmente despliega el partido político Pro”. Así, sostuvieron, “financian el funcionamiento del partido y sus principales dirigentes”.
Para los diputados, “la mayoría de esas fundaciones registran escasa actividad estatutaria y apego a las normas legales que las regulan, resultando llamativa la contradicción entre la dinámica de sus movimientos financieros y el cumplimiento de las obligaciones ante el organismo encargado de controlar su vida social”.
