La Oficina Anticorrupción denunciará al diputado nacional del Frente para la Victoria por subsidios entregados supuestamente de manera irregular en el marco de un programa desarrollado a partir de fines de 2008.
En vísperas de la esperada asistencia del ministro Juan José Aranguren a la Cámara de Diputados, en la que se prevé un importante “coprotagonismo” de parte del titular de la Comisión de Energía, Julio De Vido, trascendió una demanda que se apresta a realizar el Gobierno contra el exministro kirchnerista.
La demanda tiene que ver con subsidios supuestamente entregados de manera irregular a una refinería de la provincia de Neuquén, por un total de 130 millones de dólares. Los mismos fueron entregados para inaugurar la planta de Refinería Neuquina SA (Renasa), con la presencia del entonces ministro de Planificación Federal y la participación de Cristina Fernández de Kirchner a través de una videoconferencia. Sin embargo la inversión quedó “en la nada”, al ser declarada insolvente la empresa.
Según informa el diario La Nación en su edición de este domingo, la Oficina Anticorrupción prepara una demanda por posibles irregularidades en el programa Refino Plus, desarrollado a partir de 2008, en base a un informe de la Sindicatura General de la Nación en el que se advierte sobre posibles anomalías en la entrega de incentivos millonarios de manera “discrecional”. Beneficiaria fue la firma Más Energía, que controlaba Renasa y de Petrolera Argentina SA.
Según el informe, los subsidios “no debieron otorgarse o se otorgaron de manera irregular, en términos que implicaría la comisión de graves hipótesis delictivas”. La Nación apunta que en principio la Secretaría de Energía convino en otorgarle incentivos por US$ 53 millones, pero Renasa pidió un aumento por considerar que lograría niveles de producción significativos. Tras algunos trámites se reconvino la entrega de créditos por $ 124 millones, un 230% más de lo pautado inicialmente.
A Refinería Neuquina SA se le habría otorgado la totalidad del incentivo de manera adelantada, “en clara violación a lo dispuesto por la normativa vigente”. El decreto que creaba el programa estipulaba que “el 50% del incentivo total se entregaría trimestralmente en función al avance de los proyectos y el 50% restante durante el primer año de producción”.
