Los legisladores del Frente para la Victoria Carlos Tomada, Andrea Conde, Gabriel Fuks, José Cruz Campagnoli y Paula Penacca presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para regular la actividad de la seguridad privada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Los diputados manifestaron que “la seguridad privada es un servicio que ha tenido un crecimiento exponencial en la Ciudad en los últimos años, no sólo de la mano de la contratación de empresas o individuos, sino también del Estado”.

“Las empresas de seguridad privada actualmente tienen una cobertura importante en la vía pública y en los comercios y edificios, pero también en eventos masivos, en la actividad nocturna y en la custodia de edificios públicos”, agregaron.

Y señalaron que “más allá de los controles administrativos, actualmente no existen mecanismos para evaluar el impacto de estas prestaciones en el sistema de seguridad pública y conocer su desempeño en la prevención de delitos”.

La iniciativa del FpV propone modificaciones e incorporaciones a la ley 1.913. En concreto, el proyecto busca incorporar como requisito para los prestadores de servicios de seguridad privada, no sólo que no hayan sido condenados o indultados por delitos que configuren violación a los derechos humanos, sino también que no se encuentren imputados o procesados por este tipo de delitos.

Asimismo, busca prohibir de manera expresa el uso por parte de los agentes de la seguridad privada de dispositivos portátiles de descarga eléctrica (pistolas Taser) y de todas aquellas armas disuasivas y no letales que sean calificadas como elemento de tortura por organismos nacionales y/o internacionales.

Al respecto, la legisladora Andrea Conde señaló que “el objetivo es fortalecer el paradigma de seguridad democrática que creemos debe ser el marco de todo el accionar del gobierno porteño en materia de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Quedó claro en casos como Time Warp que hay serias carencias de controles y de criterios de acción conjunta de los cuerpos encargados de la seguridad”.

Además se impulsa que el personal de seguridad privada tenga la obligación de capacitarse exclusivamente en el Instituto Superior de Seguridad Pública con una currícula que desarrolle una formación basada en los derechos humanos, la antidiscriminación y la perspectiva de género.

Entre otras modificaciones importantes, también propone la creación de un cuerpo de inspectores que tendrá como función controlar y fiscalizar el efectivo cumplimiento de los servicios prestados por los agentes de seguridad privada y un sistema de control aleatorio para el personal de seguridad registrado para desempeñar tareas de vigilancia en locales de baile y espectáculos en vivo.