A través de una iniciativa de Diego Bossio, el bloque Justicialista busca recaudar una suma que compense la caída de ingresos producto de la baja de retenciones mineras y al agro.
El bloque Justicialista presentó un proyecto de ley de impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas, con el que prevé recaudar alrededor de $11.550 millones para ser aplicados a obras de infraestructura y compensar de ese modo la caída de los ingresos producto de la baja de las retenciones a los sectores minero y del agro.
El proyecto, que cuenta con la autoría de Diego Bossio, apunta a la equidad tributaria, considerando que operadores del mercado de “dólar futuro” que han tenido un beneficio extraordinario para una inversión financiera de un plazo menor a un año, deben tributar un gravamen adicional y por única vez para contribuir con el desarrollo social del resto de los ciudadanos.
En una entrevista realizada en un medio del interior, Bossio definió la propuesta como un “impuesto justo”, “es cobrarle recursos a los que más ganan y obtuvieron ganancias extraordinarias que irían al Fondo Solidario Federal”, detalló.
La tasa será de 15% y, entre sus aspectos mas sobresalientes, figura que “se considerarán utilidades alcanzadas por el impuesto, para el caso de personas jurídicas, las devengadas en los ejercicios fiscales en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente y; para el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, las utilidades obtenidas en el año fiscal 2016”.
El mismo será incluido y liquidado, de manera complementaria, en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal respectivo. Sin embargo, los contribuyentes deberán efectuar un pago a cuenta del impuesto de 80% del total del mismo, el que deberá ser ingresado dentro de los 60 días corridos de la entrada en vigencia de la ley.
Tal como se manifestó anteriormente, la totalidad de lo recaudado será aplicado al Fondo Federal Solidario. El destino será el financiamiento de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial y excluye expresamente la utilización en gasto corriente.
El objeto es mitigar el impacto de la disminución de los recursos producto de la baja en la recaudación que se ha verificado por políticas fiscales y prever un destino especifico que es la promoción de las políticas de infraestructura social así como las de desarrollo urbano, indispensables para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la reducción de la pobreza.
