Por José Angel Di Mauro. El enojo presidencial con la Corte tuvo su correlato con los asesores que auguraron un resultado que no fue. El gobierno analiza alternativas para hacer frente a un rojo fiscal que será superior al inicialmente calculado.
Mauricio Macri ganó las elecciones el domingo 22 de noviembre de 2015. Apenas dos días después, la Corte Suprema de Justicia asestó el primer duro golpe que sufriría la futura administración, al fallar contra la detracción del 15% de coparticipación que realizaba el Estado nacional para financiar a la ANSeS, obligándolo a reintegrar a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis la diferencia percibida desde el 1° de enero de 2006, más intereses.
Tan fuerte resultó el impacto, que esos días de alegría para Cambiemos el único tema que les hacía fruncir el ceño a sus miembros, sin excepción, era esa sorpresiva acordada de la Corte. Por entonces no era la herencia que recibirían lo que alteraba los rostros de la futura dirigencia oficialista, sino esa decisión que comprometía de entrada al gobierno de Mauricio Macri en por lo menos 80 mil millones de pesos. Inmediatamente después la presidenta saliente estiró esas cifras al extender el resarcimiento al resto de las provincias.
La administración de Cambiemos tuvo así una señal anticipada de lo complicadas que podrían llegar a ser las relaciones con el Tribunal Supremo. Se sabe que el entonces presidente electo tomó esa acordada de muy mal modo: ¿podía ser que la Corte quisiera marcarle la cancha anticipadamente?
No obstante, la relación con Ricardo Lorenzetti se encaminó rápidamente y en privado el Presidente la calificaba como “muy correcta”, más allá del ruido que podían generar las recurrentes embestidas de Elisa Carrió contra el titular del Tribunal. Precisamente Lilita detonó puentes entre el macrismo y el Poder Judicial al denunciar las supuestas actividades de Daniel Angelici en ese ámbito. El presidente de Boca tiene una causa abierta por las infidencias de la diputada aliada.
El enojo por el pronunciamiento de la Corte sobre la coparticipación no fue nada comparado con el que sintió el jueves último, amplificado esta vez por las expectativas que Macri tenía respecto de lo que fueran a decidir los miembros de la CSJN sobre el tema tarifas. Es que estaba convencido de que el fallo tendría una dimensión muy distinta de la que finalmente tuvo, con concesiones repartidas, pero sin afectar ciertos límites que principalmente Lorenzetti conocía.
Está claro que en ningún momento imaginó el resultado final, que certificó la falta de interlocutores fiables entre el Ejecutivo y el Tribunal. Por más que públicamente el gobierno quiso hacer de su supuesta carencia de contactos con el Poder Judicial una virtud, la resolución final lo expuso de la peor manera. Ya no es que el gobierno no tenga influencia sobre los jueces; peor: ni siquiera cuenta con buena información sobre el pensamiento de los mismos.
Se ignora en qué medida el enojo de Macri con los miembros de la Corte se extendió a sus operadores judiciales, pero sería una buena señal que el fastidio fuera proporcional. Quedó claro que ninguno le aportó al Presidente buena información; pero peor fue el asesoramiento de quienes le garantizaron que no haría falta convocar a las audiencias públicas antes de disponer los aumentos, cuando ese fue siempre el argumento que trabó anteriores subas. Ni siquiera se atinó a adelantarlas cuando las señales provenientes de la Corte anticipaban una decisión parecida a la que se adoptó. Se hubiera ganado algo de tiempo.
Demasiados “representantes oficiales” recorriendo los pasillos judiciales y una preponderancia de los CEOs del gobierno por sobre los funcionarios de más sesgo político, resultó una combinación negativa que derivó en lo que a todas luces debe leerse como una gran derrota política. Con todo, son aquellos CEOs, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, vicejefes de Gabinete, los que están a cargo de la organización de las audiencias públicas finalmente convocadas para septiembre. Un dato positivo: el gobierno no solo llamó a discutir el aumento de tarifas del gas, también convocó a audiencias para la suba de la electricidad, anticipando el fallo que la Corte tendrá sobre ese tema, que se cae ahora de maduro.
Independientemente de que la magnitud del traspié fuera moderada por el habitual equilibrismo cortesano que limitó la resolución a los usuarios residenciales moderando así su efecto fiscal, lo cierto es que los considerandos del dictamen no dejaron resquicio alguno que permitiera inferir algún acierto oficial. Si hasta incluyó en la obligación de las audiencias públicas para el tramo de la extracción en boca de pozo, algo que el gobierno rechazaba de plano, por su efecto nocivo sobre eventuales inversiones.
Entre los lamentos que se escuchaban el jueves en la Rosada, tras conocerse el fallo, más fuerte que el ensanchamiento del rojo pesaba la señal negativa que entendían les había dado la Justicia a los inversores externos, tan reacios a acudir a la Argentina.
El costo fiscal de esta resolución fue mensurado en un principio en algo más de 10.000 millones de pesos, aunque luego Alfonso Prat-Gay elevó esa cifra a 20 mil. Puede que sea un poco más. Y eso sin contar que decenas de cámaras empresariales preparan amparos para interponer en favor de sectores excluidos en el fallo de la Corte. Para cuando el caso pudiera volver a llegar al Tribunal Superior, ya se habrán hecho las audiencias y entrará en vigencia el futuro aumento; pero antes no se descarta que haya jueces que hagan lugar a los planteos, e incluyan a otros sectores en el freno al tarifazo.
El costo fiscal estimado crecerá también cuando la Corte resuelva -como dijimos- en el mismo sentido con los aumentos para el servicio eléctrico. Ahí es donde más plata destina el Estado para subsidiar la tarifa: 2 de cada 3 pesos de la factura de la luz que pagan los usuarios porteños y del Conurbano los pone el Estado. Para compensar semejante desproporción, el gobierno pensaba un nuevo reajuste para enero de 2017. Ahora todo está en veremos.
Desde el gobierno se ratificó la pauta prevista para el déficit de este año, y descartan emitir moneda para cubrir el hueco que dejarán los subsidios que deberá pagar el Estado. Habrá que pensar que, como advirtió el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en el programa de Alejandro Fantino, se use plata prevista para hacer obras. El gobierno preveía destinar 80 mil millones de pesos en lo que resta del año para la realización de obras, con el fin de reactivar la construcción, madre de industrias. El viernes por la tarde nadie descartaba en la Casa Rosada que esas partidas fueran afectadas por la nueva realidad, aunque hay una corriente importante dentro del Ejecutivo que rechaza esa medida que interpretan como pegarse un tiro en el pie. El Presidente sugirió buscar otras alternativas. Prat-Gay se prepara a tomar deuda, y casi seguramente la baja de otros 5 puntos en el porcentaje de retenciones a la soja prometida para fin de año será postergada en compensación.
El fuerte traspié político se concretó luego de que el ministro de Energía cumpliera un papel decoroso en la Cámara de Diputados. Allí fue interpelado por más de diez horas por una oposición que no ahorró críticas, pero que mostró solidez de argumentos solo en casos puntuales. Pero desde el propio Cambiemos -sobre todo los radicales- se escuchaba el martes la queja de que recién entonces el gobierno se abocara a brindar explicaciones concretas a los múltiples interrogantes y cuestionamientos tras meses de desgaste político tras la aplicación del tarifazo.
Igual, duró poco el efecto, pues dos días después llegó el esperado fallo y la oposición se regodeó tomando como propias las palabras de la Corte. El kirchnerismo llegó al punto de considerar que el fallo del Tribunal tan denostado hasta ahora por ellos le había puesto “un límite al modelo” macrista. Fiel a su estilo, Sergio Massa -a quien el gobierno presta más atención que al kirchnerismo- buscó sacar partido de la situación argumentando que “no se puede aumentar a un precio irracional”. El tigrense, que no será candidato a nada el año que viene, se mostró “apenado” porque “cuatro meses después de que le advirtiéramos al Gobierno el problema que tenía por falta de legalidad el aumento, tuviéramos judicialización, incertidumbre, y nos encontráramos con la situación de que finalmente la Corte resolvió lo que nosotros veníamos diciendo que había que resolver”. A la hora de hacer leña del árbol caído, sobran los leñadores.
