Las diputadas nacionales Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica) y Carla Carrizo (UCR) presentaron un proyecto para modificar el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo de la Nación y los requisitos para ocupar el cargo, que se encuentra vacante desde 2009.

“Este legado inconstitucional del kirchnerismo es mencionado en el fallo de la Corte sobre Tarifas por el juez (Horacio) Rosatti y esa omisión y elección del FpV ya obtuvo un fallo de la Cámara Federal III, porque en 2015 fueron ONGs quienes judicializaron la vergüenza institucional a la que había llegado la Defensoría del Pueblo, que hoy funciona a cargo del secretario general, porque no están ni los defensores adjuntos designados”, señalaron las diputadas y destacaron que “el error que se cometió con la designación de (Ricardo) Echegaray en la Auditoría de la Nación, nos enseña que quienes ocupan los organismos de control no pueden depender solo de la mayoría del Congreso, porque eso no significa control sino partidización y politización”.

“Esta modificación a la ley busca que los candidatos a defensor sean personas con credibilidad pública, se incorporan estándares de transparencia habilitando a realizar impugnaciones antes de la designación, nuevos requisitos como idoneidad, experiencia en la defensa de derechos humanos e incidencia colectiva, y no tener procesos penales pendientes ni haber sido condenado en sede penal, ni haber ocupado cargos electivos en los últimos 5 años”, dijeron.

Finalmente, señalaron que “buscamos revertir la inacción progresiva de la institución, teniendo en cuenta que dos fallos señalan esta grave omisión del Congreso, y que los datos son alarmantes porque en estos años la ciudadanía y sus derechos colectivos quedaron sin protección en Argentina, y cuando eso ocurre, se activa el uso y el abuso de las cautelares, que debe ser un recurso más pero no una práctica porque no funcionan las instituciones que corresponden en el país”.