Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomaron este martes el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y con media sanción de la Cámara de Diputados que regula el derecho al acceso a la información pública.

En esta oportunidad, los senadores escucharon a un nuevo grupo de especialistas en la materia, quienes coincidieron en la necesidad de sancionar la ley de manera urgente. Sin embargo, los invitados también reclamaron introducirle modificaciones al texto oficial -lo que implicaría su revisión por parte de la Cámara baja- en torno a la definición de información y a la autoridad de aplicación.

Las comisiones volverán a reunirse el martes de la semana que viene, esta vez sin invitados, fecha en la que podrían firmarse los dictámenes correspondientes.

La iniciativa establece que “toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado”.

Toda solicitud de información debería ser satisfecha en un plazo no mayor a 15 días hábiles, prorrogables por otros 15 en caso de “mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada”.

La ley alcanza a los tres poderes del Estado y las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria. También son sujetos obligados los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, operadores de juegos de azar, partidos políticos, sindicatos, universidades y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En este sentido, los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa y el Consejo de la Magistratura deberán crear agencias de acceso a la información para garantizar el ejercicio de este derecho en sus respectivos ámbitos.

Se prevé además la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública como autoridad de aplicación de la ley, en el ámbito del Poder Ejecutivo. Su director será designado por el presidente de la Nación al cabo de una selección pública, abierta y transparente, tendrá un plazo de cinco años y podrá ser removido por el PEN previo dictamen no vinculante de una comisión bicameral del Congreso.

Las exposiciones

María Barón, directora de Directorio Legislativo, planteó la urgencia en el tratamiento del proyecto: “el derecho de acceso a la información pública ya existe en nuestro país pero necesitamos darle un marco legal”, sostuvo.

El politólogo Oscar Oszlak compartió que “esta es una ley absolutamente imprescindible” aunque cuestionó que “se cree una gran burocracia alrededor del acceso a la información pública”.

Agustín Allende, de la Asociación Gobierno Abierto, ponderó el proyecto del senador radical Juan Carlos Marino y pidió “incluir expresamente a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas” dentro de los alcances de la ley.

En la misma línea, Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del CONICET, pidió que empresas que reciben subsidios o son contratistas del Estado se incorporen al acceso a la información pública.

Consideró además necesario “mejorar el proceso de designación de directores de la autoridad de aplicación” y sugirió que esto sea “vía concurso con acuerdo por parte del Senado o de una comisión bicameral”. “Diputados mejoró el proyecto pero no en cuanto a la designación” del director, opinó.

Yamila García, de la Fundación Conocimiento Abierto, sostuvo que “sin una ley de acceso a la información pública va a ser bastante complicado lograr un gobierno abierto”.

“Necesitamos una ley ya”, manifestó Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles (ADC), quien destacó que la “media sanción en Diputados fue resultado de un proceso participativo y varias opiniones hoy vertidas ya fueron discutidas”. Por eso, sostuvo que “varias críticas advertidas por Oszlak podrían ser reparadas en el decreto que reglamente luego la ley”.

Diego De Charras, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, agregó que “los organismos de aplicación” de la futura ley “deben realizar campañas para divulgar los derechos y mecanismos de acceso a la información”.

Una de las más críticas con el proyecto fue Graciela Penafort, abogada especialista en medios de comunicación, quien aseguró al gobierno de Cristina Kirchner sobre la Ley de Medios. “Se han omitido entidades como YPF: es decir que seguiremos sin conocer el acuerdo con Chevron”, cuestionó y añadió que “se deben respetar las autonomías universitarias: encontrar la manera de coordinar la ley con la autonomía de ellas”.

Pidió además que la información sea pública no por estar en manos del Estado sino por ser de interés público. Y en este sentido, señaló la importancia de poder contar con información bajo la órbita de la Iglesia. Por ejemplo, para conocer datos sobre la última dictadura.

Además, opinó que “la autoridad de aplicación de esta ley no debe poder ser removida por simple capricho del Poder Ejecutivo”.