Organizaciones, referentes en la temática y legisladores firmaron un documento en el que expresan su “preocupación” por lo dispuesto a través de un decreto presidencial.
En la Legislatura porteña se realizó una amplia mesa de trabajo, compuesta por organizaciones y referentes expertos en la temática de derechos de niñas, niños y adolescentes, para manifestarse sobre el Decreto 873/16 que transfiere los Programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal, dependientes hasta el momento de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), a la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto, se presentó un documento en el que se expresa la “preocupación por los criterios sobre los cuales se está definiendo este proceso, que se lleva adelante a puertas cerradas, sin intercambios ni diálogos con las organizaciones, sindicatos, instituciones y especialistas que vienen trabajando en el terreno de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad”.
El texto fue firmado por representantes de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Defensoría del Pueblo; Julián Axat, Director de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación (ATAJO); plenaristas del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y Estela de Carlotto, entre muchos otros.
Además, dejaron su firma los legisladores Carlos Tomada, Andrea Conde, José Cruz Campagnoli, Gabriel Fuks, Magdalena Tiesso, Pablo Ferreyra, Paula Penacca, Javier Andrade (FpV); Gustavo Vera (Bien Común), Inés Gorbea (SUMA+) y Adrián Camps (PSA).
“La Ciudad no debe desaprovechar esta oportunidad para discutir democráticamente la mejor manera de garantizar los derechos de los pibes y pibas de la Ciudad. La efectiva garantía de derechos requiere de un abordaje integral y con una perspectiva de inclusión social dotado de recursos, políticas efectivas y trabajadores de la infancia jerarquizados”, manifestó la diputada Conde durante la presentación del documento.
La Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud ya había presentado un pedido de informes a comienzos de agosto para conocer las condiciones de dicho traspaso. En el pedido de informes se listaban varias preguntas para que el Gobierno de la Ciudad responda acerca de cuál será la autoridad de aplicación, qué presupuesto tendrán los programas, si se respetarán las condiciones laborales de todos los trabajadores afectados a dichos programas y los plazos previstos, entre otras.
Conde, quien preside dicha comisión, sostuvo: “estamos profundamente preocupados porque no hay claridad sobre cuál será la modalidad de traspaso de los y las trabajadores, ni de qué manera y bajo qué perspectiva se trabajará con los adolescentes durante su permanencia en los centros, para prevenir su ingreso y acompañar su egreso. Estamos de acuerdo con el traspaso pero el gobierno hace todo con un secretismo preocupante. Ya pasó con la justicia, ya pasó con la Policía y sucede lo mismo ahora”.
