El Frente Renovador le dio la espalda a Cambiemos y se sumó al Frente para la Victoria para dictaminar en contra de un decreto de necesidad y urgencia del presidente. Avalaron el DNU que destinó fondos a las obras sociales de los gremios.
La alianza oficialista Cambiemos volvió a sufrir su minoría en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que se encarga de dictaminar sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, una de las facultades legislativas que le otorga la Constitución al presidente de la Nación para dictar, modificar o anular leyes sin pasar por el Congreso en situaciones extraordinarias.
Meses después del despacho en contra del DNU que rechazó los cambios en el Impuesto a las Ganancias, el oficialismo volvió a quedar en minoría al sufrir la baja de uno de sus aliados clave en esta comisión: el diputado nacional Raúl Pérez, del Frente Renovador, quien suele inclinar la balanza a favor de Cambiemos.
Pero esta vez, Pérez coincidió con los ocho senadores y diputados del Frente para la Victoria al rechazar la validez de un DNU de Macri que dispuso un incremento presupuestario de 76 mil millones de pesos para financiar obras públicas, en su mayoría en la Capital Federal.
En la reunión se objetó que el 60 por ciento de los recursos fueran para la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires -ambas que gobernadas por el macrismo- en detrimento de las provincias, además de la violación a la Ley de Administración Financiera, ya que se apeló a una supuesta necesidad y urgencia de un DNU cuando el Congreso está en funciones.
De todas maneras, el decreto rechazado por la bicameral sigue vigente: ahora deberá ser tratado por los plenos de ambas Cámaras legislativas y solo caerá si las dos lo rechazan.
En la reunión la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio objetó que “el 60 por ciento de los recursos son para la Ciudad de Buenos y el Gran Buenos Aires” y advirtió que “esta asignación presupuestaria es un escándalo: 45 mil millones de pesos para el primo Calcaterra (Angelo, titular de IECSA y primo hermano del presidente Mauricio Macri)”, dado ese monto es para financiar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, a cargo de la referida firma”.
El encargado de responderle fue el jefe de los diputados macristas, Nicolás Massot, quien recordó que la obra fue adjudicada “en el 2007, no recuerdo si por Néstor o Cristina Kirchner”. Pero Di Tullio replicó que entonces la obra tenía que tener “financiamiento privado” y ahora “es estatal el financiamiento”.
El que perdió la paciencia fue el diputado macrista Pablo Tonelli, ante la insistencia de los kirchneristas con la conexión Macri-Calcaterra, bramó: “Las obras fueron adjudicadas en 2007 por Ricardo Jaime. Háganse cargo de las obras adjudicadas a Báez”.
Obras sociales
En cambio, el oficialismo sí contó con la ayuda de la oposición para aprobar el DNU 908/16 que permite la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución por 4.500 millones de pesos a las obras sociales sindicales, un guiño de Macri a los gremios peronistas.
