Los datos económicos se han vuelto un cotidiano para la sociedad argentina. Nunca antes el común de la gente le daba tanta importancia a determinadas cuestiones de la economía y solo se interesaban en algunos datos básicos como podían ser el valor del dólar, el nivel de inflación y hasta en algún momento más crítico, el viejo índice de riesgo país. Hoy, los intereses de la ciudadanía han cambiado casi repentinamente. Nadie niega ya a esta altura ciertos desajustes existentes en la economía argentina y ya todos tienen cierto vocabulario a la hora de conversar acerca de cuestiones como déficit fiscal, nivel de consumo o la llegada de inversiones extranjeras y endeudamiento externo.

Algo extraño ocurre desde que Argentina despertó en una lucha interna por el precio de las tarifas de los servicios públicos. Hasta que el gobierno implementó los aumentos en la tarifas (en muchos casos de dudosa legalidad debido a la falta de audiencias públicas, un paso que no podía obviarse), la sociedad en su conjunto estaba de acuerdo en que las tarifas eran sospechosamente ridículas. Por ejemplo, la factura del servicio de energía eléctrica se abonaba por el mismo valor que lo que costaba media hora de estacionamiento en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. El aumento original de las tarifas a partir del pasado 1 de Abril fue un comienzo en la regularización de los marcos tarifarios. Con una inflación acumulada en los últimos 12 años de un mil por ciento (sin tener en cuenta claro está los aumentos que tendrían que haber sufrido las tarifas de los servicios, ya que estas estuvieron prácticamente congeladas en todo este período que de no haber ocurrido este fenómeno, la inflación podría haber llegado al 1.500 por ciento). Por lo que sin adentrarnos mucho en el análisis, precios multiplicados por 15 y tarifas congeladas es una combinación que no puede funcionar racionalmente. Todos estaban de acuerdo con el incremento futuro, hasta que éste se hizo realidad.

Los efectos son claros: infraestructura energética destrozada, suministro de mala calidad, falta de energía, importaciones permanentes de combustibles y todo un sistema a punto de colapsar ya no solo en los días de extremo calor sino que podría ocurrir tranquilamente en cualquier momento. Pero esto no es todo, ya que en tal caso uno no tiene lo que no paga y el problema se limitaría a eso. Pero aquí la cuestión es algo más grave por dos razones fundamentales. En primer lugar, volver a una situación de normalidad energética puede llevar de mínima cinco años según estiman los especialistas en energía. En segundo lugar el estado se ha encargado de subsidiar gran parte de estos servicios con cerca del 4 por ciento del producto bruto interno. Estos subsidios explican el 80 por ciento de la emisión monetaria de los últimos tiempos por lo que son grandes responsables de la inflación y la degradación de gran parte de la economía. Y hasta sería discutible en tal caso si estos subsidios hubiesen sido destinados como forma de distribuir riqueza hacia los que menos tienen Pero no, los subsidios fueron destinados en gran parte a quienes ostentan mayores niveles de ingreso como lo son los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el GBA. A tal punto que las tarifas con el aumento cuestionado, en el caso del gas fueron abonadas por cerca del 85 por ciento de los clientes residenciales.

La realidad es que la Corte ha frenado los aumentos. Y las distorsiones continúan: quien tiene un pequeño comercio sin empleados paga las tarifas con los aumentos impuestos por el gobierno mientras que una persona adinerada con que vive en una propiedad de varios cientos de miles de dólares en barrio norte, pagará su tarifa subsidiada. Y los subsidios nuevamente deberá afrontarlos el fisco nacional donde dispone de un pequeño abanico de opciones: emisión monetaria, emisión de deuda, baja del gasto o incremento en sus ingresos. Veremos cuál será la decisión que seguramente se dirimirá entre la baja del gasto y la emisión de deuda. Si bajan el gasto en obra pública como lo han sugerido, se verán resentidos los empleos en el rubro de la construcción. Si se emite deuda y se expande la base monetaria, la consecuencia ya no sólo el incremento del endeudamiento sino un aumento en los niveles de inflación, y en caso de lograr absorber el sobrante monetario, habremos incrementado nuestra deuda para seguir pagando las cuentas de gran parte del sector privado que no lo necesita.

Habrá que aceptar en algún momento que el sector público siempre lo debe solventar el sector privado. Llevar la economía de la ficción a la realidad es una obligación, porque quien quiera invertir pensando en el futuro lo único que busca es realidad y previsibilidad, ambas cualidades que aún la Argentina no está dispuesta a ofrecer.

Dr. Manuel Adorni – Analista económico. Docente universitario. Columnista. Twitter: @madorni