Una ONG aseguró que es “inconstitucional” el decreto que habilita a la Casa Rosada a privatizar tierras del Estado sin aval parlamentario; reclamó al Parlamento que tome cartas en el asunto.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad puso el grito en el cielo al advertir que el presidente Mauricio Macri, a través del decreto 952/2016 del 19 de agosto, autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a enajenar inmuebles del Estado Nacional “sin autorización del Congreso y recurriendo a un decreto-ley de la dictadura”.
De los 17 inmuebles cuya venta se autoriza, 13 se encuentran ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. La superficie total de terreno a vender es aproximadamente de 18.480 metros cuadrados.
La entidad remarcó que “la Constitución de la Nación establece que la disposición del uso y la enajenación de tierras de propiedad del Estado Nacional es competencia del Congreso (artículo 75 inciso 5)”. Y que “por lo tanto, el presidente ni la AABE podría vender tierras sin la autorización del Congreso”. “Esto no fue estipulado en el decreto N° 952/2016 que avanzaría sin dar intervención al Congreso. Por lo tanto, estas ventas serían inconstitucionales”, advirtió la ONG.
Según precisó, los argumentos que utiliza el presidente para vender estos inmuebles sin intervención del Parlamento Nacional es el decreto-ley 22.423 dictado por el gobierno inconstitucional del dictador Jorge Rafael Videla y de su ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz, el 6 de marzo de 1981.
A través de esta norma, el Poder Ejecutivo se arrogó las competencias del Congreso en cuanto a la facultad de autorizar ventas de inmuebles del Estado Nacional.
“Soslayando que esta norma es un Decreto-Ley de la dictadura y, se considera su jerarquía legal, se puede interpretar que el Congreso delegó la competencia de autorizar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional al Poder Ejecutivo”, observó el Observatorio.
Sin embargo, alertó que “el artículo 76 de la Constitución Nacional dispone que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
“El decreto-ley 22.423 no contempla un plazo ni base para el ejercicio de las competencias delegadas. No respetando el artículo 76 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, el decreto-ley 22.423 ha sido derogado implícitamente por la reforma de la Constitución Nacional y su aplicación resulta inconstitucional. Toda venta amparada bajo esta norma constituye una violación de la Constitución Nacional”, razonó el organismo no gubernamental.
En este marco, el Observatorio del Derecho a la Ciudad señaló que “se estima que el Estado Nacional es dueño de unos 80.000 inmuebles en todo el país, entre los que existen terrenos baldíos, oficinas abandonadas, campos, departamentos, cocheras y edificios en los que la administración nacional no brinda servicio alguno”. Y que en este sentido, “todos estos inmuebles si el presidente universaliza el procedimiento del decreto 952/2016 pueden llegar a venderse sin intervención del Congreso”.
Más aun, la entidad advirtió que “la venta de estos inmuebles nacionales va en la misma dirección de las políticas de privatización y negocio con la tierra pública impulsada por el Pro desde que asumió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007”.
“Desde esa época se han privatizado más de 200 ha de tierras públicas. Horacio Rodríguez Larreta ha profundizado esta política anunciando más de una decena de desarrollos inmobiliarios que implican la privatización de tierras públicas”, subrayó.
“A principios de año, el Pro impulsó la creación de la Agencia de Bienes S.E. para poder vender todos los inmuebles de la Ciudad sin aprobación legislativa previa. Las críticas y movilizaciones sociales impidieron que la Agencia de Bienes S.E. tenga esta facultad. Ahora, Mauricio Macri a nivel nacional a través del decreto 952/2016 está queriendo lograr lo que el Pro no pudo hacer en la Ciudad. Tener un organismo estatal con el principal objetivo de vender tierras públicas sin requerir la aprobación del Parlamento”, lamentó el Observatorio.
Por eso, consideró que “el Congreso Nacional debería avanzar en la derogación expresa del decreto-ley 22.423 y adoptar todas las medidas para evitar la venta de tierras públicas sin su aprobación”.
