La diputada nacional Elisa Carrió presentó un proyecto para derogar la Ley Nacional de Inteligencia y con ella la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y crear en su lugar una Agencia Federal contra el Crimen Organizado, luego de haber impugnado las designaciones de los directores de ese organismo.

Además, la líder de la Coalición Cívica presentó otras dos iniciativas para federalizar los delitos de narcomenudeo y de tortura.

El primer proyecto deroga la ley que creó la Agencia Federal de Inteligencia, sancionada a instancias del kirchnerismo tras la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Según Carrió, con esta norma “se producen las más graves violaciones a los derechos y garantías de los ciudadanos garantizadas en la Constitución Nacional, facilitando el desarrollo del crimen organizado”.

“El nivel de centralización extrema de atribuciones asignada a la AFI va en contra de la práctica en los países europeos de mayor experiencia democrática”, sostuvo la legisladora.

Por tal motivo, propuso “una reforma integral de la seguridad federal para la eliminación de los nichos de corrupción y la connivencia entre el poder político, la policía y la delincuencia, mejorando la efectividad de las acciones preventivas e investigativas”.

El proyecto de ley crea, por un lado, el Sistema de Inteligencia Nacional y, por otro, el Sistema Nacional de Investigación con el objeto de luchar contra los delitos federales de terrorismo, narcotráfico, sedición, tráfico de armas, tráfico de divisas, tortura, tráfico y trata de personas.

También se incrementan las funciones y atribuciones del control parlamentario a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia e Investigación.

Dentro del Sistema de Inteligencia se crea la Dirección Nacional de Inteligencia de la República Argentina, que dependería directamente del Poder Ejecutivo Nacional.

Este sistema no contaría con medios propios de reunión de información ni de investigación, como hasta ahora tenía la AFI, y prohíbiría a su vez el agente encubierto (es decir, aquellos que cuentan con más de una identidad o doble legajo). El proyecto transparenta y restringe los fondos reservados.

Carrió propone también crear la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, a fin de proporcionar a las fuerzas de seguridad la inteligencia oportuna para la prevención del delito y para auxiliar la ejecución de investigaciones.

Dentro del Sistema de Investigación se crea la Agencia Nacional de Investigación del Crimen de la República Argentina. Se constituye sobre la base de los siguientes elementos: se crea una Dirección de Integración y Operaciones de Agencias Estatales, con la capacidad de coordinar la inteligencia disponible en el Sistema de Inteligencia Nacional; el Departamento de Delitos Federales, como órgano propio de coordinación principal con el Departamento Narcotráfico y Crimen Complejo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y el Departamento de Narcotráfico de la Dirección General de Aduana.

También se crea la Fuerza Especial de Investigaciones (FEI) en base un núcleo inicial de personal especializado en investigación de las Fuerzas de Seguridad y Policiales Federales, Migraciones, Dirección General de Aduanas y de otras áreas del estado que disponga de especialistas en investigación.

La FEI quedaría bajo dependencia directa de la Agencia, como órgano de ejecución propio. Sería la principal fuerza de investigación judicial del delito federal. Carrió impulsa la creación de la Unidad Contraterrorismo, con parte y en base a los elementos especializados de las fuerzas de seguridad y policiales federales. Esta unidad quedaría bajo dependencia directa del director general de la agencia como órgano de ejecución propio.

Carrió también presentó un proyecto tendiente a retrotraer la desfederalización de los delitos de narcomenudeo. “El tiempo ha demostrado que la norma en cuestión, lejos de ser instrumento para mejorar la lucha contra el narcotráfico la ha entorpecido, e incluso, ha facilitado el avance del crimen organizado, observándose en este tiempo un recrudecimiento de los delitos conexos como los homicidios por encargo o por venganza”, advirtió Carrió.

Por último, la diputada propone el proyecto de federalización de los crímenes de torturas. “El delito de tortura debe ser de índole federal aun cuando fuera cometido en el territorio y por funcionarios de las provincias. Puesto que tratándose de conductas violatorias de derechos humanos le corresponde la obligación de juzgarlos al Estado Nacional como garante de los derechos humanos de todos sus habitantes”, explicó finalmente.