Inmediatamente después de confirmada la caída de Rousseff en Brasil, legisladores del Frente para la Victoria reiteraron su acusación de “golpe institucional”.
Las redes sociales estallaron ni bien se confirmó la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Más allá de que la suerte de la ahora exmandataria brasileña estaba echada, la confirmación de su caída recibió fuertes críticas, sobre todo desde el kirchnerismo.
El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria PJ expresó su “total repudio al golpe de Estado concretado contra la presidenta constitucional de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff”.
A través de un comunicado, la bancada que conduce Héctor Recalde señaló que “la presidenta Dilma Rousseff y su gobierno sufrieron una acción de desgaste político, económico e institucional claramente destituyente. Se trató de un golpe de Estado en cuotas, perpetrado por parte de los sectores oligárquicos y conservadores de Brasil, muchos de ellos acusados e investigados en causas de corrupción. No hay más democracia en Brasil”.
“Estas acciones desestabilizadoras han afectado a Ecuador, Bolivia, Venezuela y provocaron la ilegal destitución de los Presidentes Manuel Zelaya en Honduras; Fernando Lugo en Paraguay y ahora la de Dilma Roussef. En ningún caso, la existencia de crisis políticas y económicas y las debilidades de gestión pueden justificar el accionar golpista que busca darse un baño de legalidad mediante escandalosos procedimientos parlamentarios de destitución, que demuelen al Estado de derecho y desnaturaliza a la democracia”, agrega el Frente para la Victoria, para el cual “lo acontecido en el vecino país, es una muestra más de la forma en que se instalan los golpes contra los procesos democráticos, modificando las decisiones que los pueblos adoptan en las urnas”.
El kirchnerismo considera que “esto es un golpe político contra el Mercosur, como proceso de integración regional que se ha propuesto lograr el desarrollo de nuestros países. Desmantelar la integración será sin duda un objetivo central de los golpistas y gobiernos de derecha en la región. Resulta demasiado evidente que la arremetida desestabilizadora busca no solo un cambio de mando en el Brasil sino también una modificación de las orientaciones del proceso de integración en la región”.
La bancada kirchnerista consideró “indignantes” las declaraciones del Gobierno “intentando justificar un golpe parlamentario en nuestro principal socio comercial y aliado. El respeto por los derechos humanos, las instituciones democráticas y el derecho internacional exige un rechazo a lo acontecido en el día de hoy en Brasilia para poder continuar trabajando, mancomunadamente, por el fortalecimiento de la integración regional en Sudamérica y América Latina”.
La diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez expresó inmediatamente: “Consuman un golpe institucional en Brasil contra @dilmabr, una presidenta elegida por el pueblo y a la que NO le probaron ningún delito”.
La senadora chubutense Nancy González calificó este miércoles como un “día triste para la Patria Grande”. Sin medias tintas habló de “golpe”, pero dijo que el mismo no es solo contra Dilma, “sino contra toda la democracia de la región”.
El diputado Adrián Grana, de Nuevo Encuentro, calificó la destitución como “golpe parlamentario” y dijo que ello es “un grave retroceso en los avances históricos de la región en la última década”.
A su vez, la diputada Nilda Garré escribió en su cuenta de Twitter: “¡Duro golpe a la democracia en Brasil! Se ha traicionado la voluntad de millones de votantes que eligieron a Dilma”, mientras que la expresidenta del bloque FpV Juliana Di Tullio lamentó: “Vergüenza y desesperanza para los pueblos de América Latina. Mi solidaridad con la presidenta @dilmabr y el pueblo brasileño”.
“La democracia está de luto. Un gobierno popular destituido ilegítimamente. Un paso atrás para toda América Latina”, sintetizó por su parte el senador Juan Manuel Abal Medina.
Desde el Movimiento Evita expresaron también su “más enérgico repudio al golpe parlamentario perpetrado en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff. Está claro que esta embestida de los poderes concentrados contra la democracia en el hermano país esconde el verdadero objetivo del imperio que es desarticular todas las conquistas y los derechos que se han adquirido en los años de gobierno del PT y disciplinar al pueblo”.
A través de un comunicado, rechazaron “que en la región se vuelvan a instalar las maniobras destituyentes contra los procesos democráticos que incluyeron a las mayorías populares y recuperaron el rol del Estado. Primero las vimos en los golpes en Honduras y Paraguay y hoy persisten con los intentos desestabilizadores en Ecuador, Bolivia y Venezuela. Estos hechos buscan revertir los proyectos políticos populares, democráticos y de construcción de la Patria Grande, para volver a reinstaurar las políticas de ajuste, hambre y saqueo del neoliberalismo, en beneficio de los grandes grupos concentrados”.
“Ante estos hechos reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia y manifestamos nuestra más profunda solidaridad y apoyo a la compañera Dilma Rousseff, al compañero Lula Da Silva y a todo el hermano pueblo brasileño y hacemos un llamado a los pueblos de Latinoamérica para defender la democracia ante los avances de la derecha”, concluyó esa bancada.
“La destitución de Dilma Rousseff supone un golpe de Estado solapado, ya que se trata del desplazamiento, a través de procedimientos espurios barnizados como institucionales, de una mandataria elegida legítima y democráticamente”, afirmó por su parte Carlos Heller, diputado nacional del Partido Solidario. A su juicio, “el proceso llevado adelante no probó que la Presidenta Rousseff haya cometido delito y, por ello, estamos ante un golpe de Estado parlamentario que es un hito más de una suerte de conspiración regional destinada a poner fin a todo este proceso novedoso que significaron los gobiernos progresistas de América del Sur. Atacan a los líderes de los movimientos populares para destruirlos y así a la alianza Nuestroamericana que se iba fortaleciendo hacia una cada vez mayor integración”.
La diputada nacional Carolina Gaillard (FpV–Entre Ríos) presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados de la Nación declare “su preocupación y repudio por la destitución de la presidenta elegida democráticamente de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, en el marco del impeachment impulsado por la Cámara de Diputados y ratificado por el Senado, sin que medie “delito de responsabilidad”, circunstancia prevista en la Constitución brasilera, para que proceda el juicio político”.
Como explica el proyecto en sus fundamentos, “la decisión política de destituir a la legítima Presidenta –de Brasil- fue tomada mucho antes, cuando oscuros personajes de la política brasilera encabezados por Eduardo Cunha, apartado por hechos comprobados de corrupción, advirtieron que la entonces Presidenta no iba a evitar que se investigaran casos de corrupción en especial los de Lava Jato, una investigación sobre una red de lavado de dinero que incluye a numerosos personajes de la política brasilera”.
“No hay un sustento jurídico consistente que avale este juicio político -explicó Gaillard-, sólo el objetivo de la derecha brasilera, aliada a grupos empresarios paulistas y corporaciones concentradas de sacar de su cargo a la legítima presidenta y desprestigiar hasta lo imposible al Partido de los Trabajadores”.
