Tras el llamado de atención de la Corte, el Congreso finalmente activó la comisión que propondrá el candidato para conducir el organismo que defiende al pueblo antes actos u omisiones del resto del Estado. También se debatió sobre el Comité Contra la Tortura.
El Parlamento Nacional finalmente activó la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que deberá proponer a las dos cámaras legislativas un candidato o candidata para cubrir el cargo vacantes desde 2009.
Lo hizo a seis meses del inicio del año parlamentario y a tres de que termine, y luego de que la Corte Suprema de Justicia -en el fallo que anuló el aumento de las tarifas del gas para usuarios residenciales- volviera a llamarle la atención por semejante demora.
La presidencia de la comisión quedó a cargo de la senadora porteña Marta Varela (Pro), en tanto que la vicepresidencia primera recayó en el senador Juan Manuel Abal Medina (FpV), y la segunda, en la diputada Diana Conti (FpV). La secretaría fue para Daniel Kroneberger (UCR).
Todas las expectativas estaban puestas en el avance del procedimiento para designar al ombudsman -término que proviene del derecho escandinavo-. Se trata del titular del organismo que tiene como “misión” la “defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados” en la “Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”, según lo estableció la Constitución de 1994.
Pero no hubo novedades al respecto: ningún legislador acercó nombre alguno y los bloques siguen buscando una figura de consenso, teniendo en cuenta que la ley exige que la designación se realice con el aval de los dos tercios de cada cámara del Congreso. Una empresa muy difícil cumplir…
Mientras tanto, la senadora Varela prometió convocar a la comisión para dentro de dos semanas, período en el cual se analizará el protocolo que establece el modo de elección del defensor.
Al respecto, la diputada Diana Conti acercó el reclamo de un amplio grupo de organizaciones no gubernamentales (ONGs) para mejorar este procedimiento con audiencias públicas; un proceso similar al que rige para el nombramiento de jueces y fiscales. Esto, más allá de las impugnaciones y avales que requieren los candidatos.
Si bien no forma parte de la comisión, “Lilita” Carrió también mandó un mensaje. Su colega de bloque Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica) -que tampoco es miembro de la bicameral- puso en conocimiento el proyecto de ley que presentó junto a Carla Carrizo (UCR) para hacer obligatorias las audiencias y ampliar el requisito de idoneidad que debe tener el defensor.
En este marco, una lectura optimista podría señalar que la conformación de la comisión fue el primer paso de cara a la designación del defensor. Sin embargo, podría recordarse que los legisladores no dudan en avanzar con trámites veloces cuando tienen un tema entre sus prioridades.
Así, tanto desde el oficialismo como desde la oposición reconocieron que se trata de una deuda pendiente. Sin respuestas, la diputada macrista Schmidt-Liermann pidió a la comisión ponerse un “plazo” para la firma de dictámenes. Mientras que la senadora camporista María de los Ángeles Sacnun expresó que existe un “divorcio entre la política y la comunidad”.
Comité Contra la Tortura
Otro tema que se habló en la reunión fue la situación del Comité Contra la Tortura, un organismo creado por la adhesión de Argentina a un tratado internacional para activar mecanismos que prevengan este tipo de flagelos en las cárceles de nuestro país.
El problema es el mismo: tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo y las asociaciones civiles deben nombrar a sus respectivos representantes. Y en el caso del Parlamento, se trata de tres nombramientos por cada cámara, por mayoría simple. Por este tema, el país recibió un llamado de atención por parte de la ONU.
Completan la integración de la bicameral las senadoras Sandra Giménez (Ft. de la Concordia Misionero), María de los Angeles Sacnun (FpV), Teresita Luna (FpV), los senadores Juan Carlos Marino (UCR) y Roberto Basualdo (PJ disidente), las diputadas Diana Conti (FpV), Graciela Camaño (Frente Renovador), Juliana Di Tullio (FpV), Cornelia Schmidt-Liermann (Pro), Susana Toledo (UCR), Soledad Martínez (Pro) y Daniel Kronenberger (UCR).
