Así lo consideró la diputada Victoria Donda, quien había presentado un amparo ante la Justicia para que el Poder Ejecutivo porteño realice un relevamiento.
La diputada nacional Victoria Donda (Libres del Sur) reclamó que el Gobierno porteño “no realizó el relevamiento de las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires”, que solicitó la Justicia y “el diagnóstico en 30 días hábiles, según plantea la ley 3.706 para destinar políticas públicas para esta población en extrema vulnerabilidad social”.
La jueza María Elena Liberatori había dictado el 10 de agosto pasado una medida cautelar ante el amparo que presentaron la legisladora y la integrante del Consejo Económico y Social, Laura Velasco, por lo que se venció el plazo de 10 días para dicho relevamiento. Cabe señalar que para el diagnóstico, el Ejecutivo de la Ciudad aún tiene tiempo.
Al respecto, Donda manifestó: “cuando la propia Dirección de Estadística y Censos reconoce que aumentó en 60.553 personas la desocupación en la Ciudad, el Gobierno se niega a realizar un relevamiento que reconozca que ha aumentado la gente en situación de calle como vemos quienes todos los días caminamos la Ciudad y las organizaciones que realizan acciones solidarias”.
Según datos del oficialismo porteño, las personas en situación de calle son 860, la misma cantidad que informó en abril pasado. “Al mismo le agregó algunos datos que había omitido: 1123 personas alojadas en distintos dispositivos como hogares o centros de integración, 170 personas con sentencia firme de desalojo, 131 familias viviendo en ‘ranchadas’ precarias sin acceso a los servicios básicos. Esta población en situación de calle o en riesgo de situación de calle asciende a unas 2677 personas según el Gobierno”, agregó la presidenta de la Comisión de DD.HH..
Por su parte, Velasco planteó que “el Gobierno no puede hacer un buen diagnóstico para llevar adelante políticas públicas, si el relevamiento no está bien hecho y las personas en situación de calle y en riesgo no están correctamente contabilizadas. Los datos son incompletos”.
“Para poner un ejemplo, no están contabilizadas las personas con alta en instituciones psiquiátricas y en emergencia habitacional como plantea la ley 3.706. Por otro lado, no se convocó a fiscalizar a organizaciones y especialistas del sector con la intención de negar que hay más gente en la calle, mientras se recortan recursos porque termina el Operativo Frío”, agregó la consejera.
