Para lograr una incidencia real sobre el mercado criminal de las drogas, el Estado tiene que actuar estratégicamente, aprendiendo de los aciertos y errores pasados. Por esto, hay que remarcar lo siguiente:

1- Necesitamos una nueva ley de estupefacientes, en la que los delitos abarquen hechos graves que deben ser sancionados. Se debe especificar qué conductas deben quedar especialmente excluidas, por tratarse de conflictividades que son abordables con mayor efectividad desde perspectivas absolutamente ajenas a políticas represivas.

2- Cualquier intento de recurrir a la colaboración de las Fuerzas Armadas debe implicar estricto respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior. Además, esto debe estar enmarcado en los parámetros del decreto 727/2006, que regula las agresiones externas como ataques armados de Estados extranjeros, evitando el uso indebido de las Fuerzas Armadas. Ésta ha sido una normativa de avanzada en la materia, elaborada por el Presidente Néstor Kirchner y su entonces Ministra Nilda Garré.

3- Para desarticular a las organizaciones criminales, hay que seguir la ruta del dinero. Se debe privar a estos grupos de sus ganancias ilícitas, obtenidas a costa del sufrimiento de muchos. Para esto, es elemental perseguir el lavado de dinero.

4- La persecución del narcotráfico tiene que ser complementada con una prevención adecuada. Para esto, la inclusión social promovida por un Estado presente tiene que ser nuestra guía rectora.

5- Las políticas públicas en estos temas tienen que seguir ciertos ejes ineludibles. Hay que profundizar las discusiones y las políticas de reducción de daños, permisos para el uso de cannabis medicinal y prevención de adicciones, entre otras cuestiones. Por sobre todo, el Estado jamás debe retomar la nefasta política de “guerra a las drogas”, paradigma defenestrado en la región y en el mundo.