La Ley de Acceso a la Información Pública tendrá que esperar un tiempo más. Cuando el frente Cambiemos tenía todo listo para sancionar el proyecto este miércoles, se impuso la postura de un sector de la oposición de devolver la iniciativa con tres importantes cambios a la Cámara de Diputados.

El dictamen de mayoría que la Cámara alta sometió a votación, y que ratificaba la media sanción, fue aprobado con 58 votos a favor y uno en contra –de la kirchnerista María Inés PIlatti Vergara-, pero al momento de la votación en particular, triunfó la postura de la oposición.

Las dos principales modificaciones al proyecto original giraron en torno a la nueva Agencia de Acceso a la Información, cuyo director, que en principio iba a ser designado sólo por el Poder Ejecutivo, requeriría ahora el acuerdo del Senado.

Además, la oposición consiguió eliminar la condición que exigía el proyecto para el futuro director de la Agencia, de no poder “haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos cinco años previos a su designación”. “Es una falta de respeto al sistema político”, denunció Jaime Linares (GEN).

Ambos cambios se sumaron a otro referente a las excepciones en la entrega de información en sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública.

Las modificaciones, que la alianza Cambiemos no pudo evitar, fueron impulsadas por el senador Marcelo Fuentes (FpV) con acuerdo de Liliana Negre (Compromiso Federal) y de Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), y consiguieron 44 votos a favor y 15 en contra en los tres casos.

Al abrir el debate, el radical Luis Naidenoff remarcó que la ley –que se esperanzaba en sancionar este miércoles- “es una herramienta mucho más valiosa de lo que se cree: es un freno al poder”.

A su turno, Crexell –firmante de otro dictamen de minoría- reivindicó el rol de Cámara revisora que en este caso le tocó al Senado. “Si votamos cambios para la ley del arrepentido, ¿por qué no vamos a votar cambios en la ley de acceso a la información?”, se preguntó, sobre el proyecto aprobado minutos antes.

Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) recordó que sigue siendo secreto el pacto entre YPF y Chevron por la explotación del yacimiento Vaca Muerta, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligó a la petrolera a revelar esa información.

“Nos parece grave que el fallo de la Corte todavía no haya sido contestado”, dijo el senador, que acompañó el recurso de amparo presentado por Rubén Giustiniani (MC).

Puntos principales

El eje principal de la futura ley consiste en que los tres poderes del Estado se vean obligados a responder la solicitud de datos de cualquier ciudadano.

La norma -que empezaría a regir en el plazo de un año- obliga a todos los organismos del Estado a responder todas las solicitudes de información en un plazo máximo de 15 días –prorrogables por otros 15- y de manera gratuita.

A su vez, contempla sanciones al funcionario que obstruya el ejercicio de dicho derecho.

Además de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están alcanzados por el proyecto el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y el Consejo de la Magistratura.

También las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria; los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos; operadores de juegos de azar; partidos políticos; sindicatos; universidades y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El proyecto enumera una serie de excepciones para la entrega de información, cuando sea de carácter “reservada, confidencial o secreta”; en el caso de que “ponga en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”; o cuando haya “secreto industrial, comercial, financiero, científico, técnico o tecnológico”, entre otros casos.

La oposición proponía crear una Comisión Bicameral de Acceso a la Información, encargada de controlar la Agencia, y conformada por seis senadores y seis diputados. Sin embargo, ese agregado no prosperó.