El Senado le introdujo cambios a la iniciativa aprobada en la Cámara baja, que reduce la pena al imputado que brinde información comprobable sobre los autores o cómplices de un delito.
El Senado aprobó con cambios este miércoles, con 57 votos a favor y cuatro en contra, el proyecto de ley que extiende la figura de arrepentido a casos de corrupción y otros delitos, que fue devuelto a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Esta figura consiste en que el acusado pueda obtener beneficios procesales -aunque nunca la extinción de la pena- si aporta información valiosa para la Justicia acerca de los máximos responsables de la comisión del delito.
Votaron en contra los senadores Ana Almirón, María de los Ángeles Sacnun, Marcelo Fuentes y María Inés Pilatti Vergara, todos identificados con el kirchnerismo duro. También hubo otras cuatro abstenciones, de Ruperto Godoy, Hilda Aguirre, Virginia García y Anabel Fernández Sagasti, las dos últimas representantes de La Cámpora.
El proyecto establece que no se permitirá cualquier arrepentido, ya que el beneficio no podrá ser acogido por funcionarios que son sujetos de juicio político en el país, es decir, el presidente, el vice, los ministros del Poder Ejecutivo y los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Además, la iniciativa aclara que la figura jamás se podrá aplicar en los delitos de lesa humanidad.
Por acuerdo entre los bloques políticos del Senado, el texto sufrió una modificación para especificar que el imputado sólo podrá arrepentirse hasta el momento de la elevación de la causa a juicio.
“Los especialistas coincidieron en que era necesario poner un plazo (para el arrepentimiento) para poder avanzar exitosamente en la investigación”, justificó el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino (FpV-PJ).
El senador agregó que también “se eliminó la posibilidad de que el imputado maneje los tiempos de la información”, entregándola “a cuentagotas”.
Los acuerdos con el arrepentido estarán en manos del fiscal de la causa y deberán ser homologados por un juez, que deberá corroborar la veracidad de los datos aportados a la causa.
Guastavino destacó que el proyecto “busca incentivar la obtención de información veraz y relevante para la detección y el castigo del delito”.
En tanto, el radical Luis Naidenoff aclaró que el imputado sólo podrá brindar información como arrepentido en la causa en la que se lo acusa, y siempre sobre involucrados de mayor jerarquía.
“Esta figura -indicó- fue la que facilitó la investigación en Brasil del escándalo de Petrobras y la investigación en la FIFA”.
El jefe del bloque de la UCR, Ángel Rozas, informó además que “está previsto que el juez no pueda determinar la condena basándose exclusivamente en los dichos del arrepentido”.
Por su parte, Liliana Negre, mano derecha de Adolfo Rodríguez Saá, apoyó el proyecto, pero consideró que “la reforma que hay que hacer es mucho más estructural” que “la figura de un delator”, y mencionó la necesidad de sancionar otras leyes, como las de policía judicial y juicio por jurados.
La puntana advirtió por otro lado que la figura del arrepentido “está incorporada al derecho procesal, que no ha sido delegado por las provincias”, por lo que propuso que la ley sea exclusivamente para delitos federales.
Ernesto Martínez, del Pro, explicó que “no se trata de una moneda de canje para el delator” que busque una reducción en la pena, porque “debe hablar con precisión de los hechos en los que está involucrado”.
“El Estado disminuye su pretensión punitiva para lograr un mejor ejercicio procesal”, sostuvo el senador por Córdoba.
La camporista Virginia García hizo objeciones al vocablo “arrepentido”. “No estamos hablando de una culpa moral”, señaló, y por otra parte recordó que los más de 20 expositores que pasaron por comisiones del Senado se mostraron en contra del proyecto de ley, así como el de extinción de dominio, que aun busca consensos.
“Hay una deficiencia de técnica legislativa”, alertó la santacruceña, que se abstuvo en la votación, y agregó que “esta figura existe y quienes integran el Poder Judicial han dicho que no ha sido eficiente por múltiples y diversas razones”.
En el mismo sentido se expresó otra representante de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti. “La figura del arrepentido no ha sido efectiva para la persecución del delito organizado o complejo”, aseveró.
En nuestro país, la figura del arrepentido ya estaba contemplada para los delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.
El proyecto, motorizado por el Poder Ejecutivo- amplía este alcance a los casos corrupción, delitos del Código Aduanero –como contrabando-, asociación ilícita, prostitución, pornografía infantil y delitos contra el orden económico y financiero, por ejemplo, la formación de monopolios.
Ahora, la Cámara baja –que aprobó el proyecto a fines de junio con 194 votos a favor y cinco en contra- deberá ratificar el texto original o avalar los cambios que le introdujo el Senado.
