El juez Lijo le pidió a la Unidad de Información Financiera y al Banco Central que de manera “urgente” aporten información sobre la ONG de la vicepresidenta; es por la causa en la que se investiga el origen de los 245 mil pesos y los 50 mil dólares que le robaron en su casa.
El juez federal Ariel Lijo solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Banco Central (BCRA) que, con “carácter de urgente”, aporten información sobre la fundación SUMA, de Gabriela Michetti, en el marco de la causa por el origen de los fondos robados de la casa de la vicepresidente.
Lijo pidió a la UIF que se comunique si se han reportado operaciones sospechosas o se ha iniciado alguna investigación relativa a operaciones de lavado de dinero en relación a la actividad financiera de la fundación SUMA. Asimismo, requirió al BCRA datos sobre cuentas, plazos fijos y productos bancarios de la organización.
Este miércoles, el magistrado ordenó un operativo en la sede de la Fundación Suma para secuestrar los libros contables, a raíz de que, según informó la Inspección General de Justicia (IGJ), nunca fueron presentados ante este organismo.
Sin embargo, en el procedimiento no se encontró la documentación en cuestión: autoridades de la Fundación adujeron que está en poder del contador y se comprometieron a presentarla en las próximas horas ante el juez Lijo.
En tanto, el abogado Ricardo Gil Lavedra ya asumió ante el Juzgado la representación de Michetti, ya que antes la vicepresidenta y titular del Senado era defendida por el estudio de Alejandro Pérez Chada, el abogado del presidente Mauricio Macri.
Gil Lavedra, sin embargo, sostuvo que “es absolutamente falso que se haya ordenado un allanamiento o secuestro” y agregó que “el Juzgado, como es de práctica, ordenó la presentación de documentación perteneciente a la Fundación, lo que fue notificado por las fuerzas de seguridad”.
Michetti afronta una causa penal a raíz de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados kirchneristas Rodolfo Thailade y Juan Cabandie: es por el origen supuestamente dudoso de 245.000 pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa particular en noviembre pasado y por el cual está acusado un integrante de su custodia, David Juan Pablo Cruzado.
La vicepresidenta ya dijo públicamente que los 200 mil pesos eran de una donación que recibió la Fundación SUMA, que ella preside; que 45 mil eran para pagar una refacción en su casa; y que los 50 mil dólares le habían sido prestados por su pareja Juan Martín Tonelli Banfi.
Según indicaron los denunciantes, esas fundaciones eran utilizadas para financiamiento del Pro, mientras que el fiscal Guillermo Marijuan dijo que la fundación SUMA “registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros”.
El juez Lijo había recibido a fin de mes pasado los legajos de varias Fundaciones bajo la lupa (Suma; Fundar Seguridad y Justicia; Crecer y Crecer, y Formar) lideradas por funcionarios y referentes del Pro, en los que figuran la constitución de esas sociedades, la designación de directores y los cambios de los mismos, pero de la información no surge que hubieran presentado balances, lo que se trataría de una situación irregular.
