La diputada nacional Claudia Rucci presentó el proyecto de ley llamado Plan Nacional de Protección Integral a la Maternidad y la Primera Infancia. La norma, originalmente presentada en 2011 y actualizada, establece un conjunto de políticas de desarrollo social que, mediante la creación de un plan estratégico, apuntan a garantizar derechos humanos esenciales para las mujeres embarazadas y los niños hasta cinco años: el acceso a una alimentación adecuada y la protección de la salud. En los fundamentos de la ley, la presidenta del bloque Unidos por una Nueva Argentina (UNAR) afirma que “el problema de la desnutrición sigue en pie en la Argentina y tanto el Estado como la sociedad deben asumir como propia esta realidad y transformarla. No hay necesidad más imperiosa ni urgente que la de resolver este grave e histórico problema”.

Rucci plantea en su proyecto de ley una estrategia integral y sistemática para combatir de un modo planificado la inseguridad alimentaria, uno de los aspectos más acuciantes de la realidad, como lo refleja el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), conocido esta semana, en el que se concluye que uno de cada cinco niños padece desnutrición en el país.

Como parte de la planificación que propone, la ley crea el Instituto de Protección de la Alimentación y Salud de la Mujer Embarazada y de la Infancia (IPSA), un organismo autárquico que integraría el Plan Federal de Salud y que tendría la función de articular entre el Estado Nacional y los provinciales y municipales la ejecución de las políticas contra la desnutrición. Su organización administrativa es similar a la del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y sería dirigido por un profesional especialista en la temática. Dentro de sus funciones, se incluye la investigación del fenómeno en el país, la creación de programas y redes específicas para la lucha contra este flagelo, y la puesta en marcha de un sistema ambulatorio de supervisión y asistencia a la infancia.