Justo al conocerse la recomendación de la Oficina Anticorrupción al ministro de Energía, Juan José Aramburu, de deshacerse de sus acciones de Shell, la diputada nacional Margarita Stolbizer presentó un proyecto que propone incorporar a la Ley N° 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, una norma que pareciera destinada no solo a ese funcionario, sino también a otros de esta administración que han declarado bienes en el exterior. La diputada del GEN quiere establecer la incompatibilidad para todo funcionario público de tener fuera de la jurisdicción nacional, por sí o junto a un tercero, dinero en efectivo o en cuentas bancarias, oro u otros metales preciosos, en cualquiera de sus formas, acciones que hagan oferta pública, bonos, fideicomisos de cualquier tipo y finalidad, fondos comunes de inversiones y/o cualquier tipo de fondo de inversión colectiva.

Tampoco podrán tener participación accionaria de ningún tipo en sociedades radicadas en el exterior que no hagan oferta pública, cuyo objeto principal sea la realización de cualquiera de las actividades financieras mencionadas.

Para ello, de aprobarse la ley, los funcionarios públicos deberán adecuarse a lo expuesto precedentemente dentro del plazo improrrogable de seis meses. A tal fin, podrán realizar la repatriación de los fondos antedichos, libre de todo gravamen interno, en la medida de que se trate de fondos debidamente declarados.

Stolbizer fundamentó la iniciativa en que “según la Tax Justice Network (TJN), el dinero colocado en paraísos fiscales equivale al PBI combinado de Estados Unidos y Japón (publicado en nuestro país por el diario El Cronista Comercial). Los argentinos que colocan su dinero afuera aportan a ese número casi increíble 399.000 millones de dólares”

El informe detalla que “el 5% de los flujos ilícitos financieros son sobornos, el 35 % son dineros sucios provenientes de actividades ilegales como el tráfico de drogas, armas y personas y el 60 % está relacionado con el comercio exterior y motivado por la evasión fiscal y/o aduanera”.

“Los argumentos volcados por el Gobierno en sus medidas tendientes a lograr la repatriación de fondos depositados en el extranjero apuntan a la generación de confianza en el rumbo económico, dando al país una imagen de mayor credibilidad”, señala la legisladora, que considera imprescindible que los propios funcionarios públicos demuestren ellos mismos que creen en la economía nacional.

Así las cosas, Stolbizer puntualiza que “no puede ni debe el Estado pedir que otros hagan lo que los responsables del manejo de la cosa pública no se encuentran dispuestos a hacer, dado que de este modo sólo se producen señales ambiguas”, y agregó que “la redacción de la presente ley busca fijar un límite razonable que permita mantener inversiones en el exterior en el marco de un mundo globalizado pero a la vez que impida que los funcionarios públicos participen de los negocios financieros que gozan de escasos controles”.

Concluye Stolbizer señalando que “el principal objetivo de este tiempo es reconstruir el estado de derecho, las instituciones y la confianza de la sociedad en sus representantes públicos. Para ello, es necesario actuar con ejemplaridad y austeridad republicana”.