El prolegómeno más reciente fue el pasado 24 de agosto. Ese día, los movimientos sociales coparon el Salón Azul del Senado, donde reflejaron la situación que atraviesan y sus reclamos. Uno de los artífices de la presencia de esos sectores allí ese día fue el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, que en esa ocasión señaló que “los movimientos sociales nos dieron una maravillosa lección de pluralidad y unidad sin detenerse en ver de dónde venimos y poniendo el foco en hacia dónde tenemos que ir. Esperamos que con la ley de Emergencia Social, que seguramente vamos a proclamar en ambas cámaras, el Gobierno no vuelva a repetir el mismo error que cometió con la ley de Emergencia Laboral al vetarla”.

A partir de ahí se intensificaron los contactos de los movimientos sociales con bloques legislativos, con el objeto de generar las bases para el avance de la declaración de la Emergencia Social, como así también la creación de un Salario Social Complementario que les permita alcanzar al Salario Mínimo Vital y Móvil. Así es que este lunes mantuvieron reuniones con referentes del Frente para la Victoria y el Frente Renovador, y prevén encuentros con el resto de la oposición en Diputados, como así también una reunión con el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, en fecha a determinar.

Por el lado del Senado, el senador Abal Medina se apresta a presentar formalmente el proyecto de ley de Emergencia Social del que se habló allí el 24 de agosto pasado y que cuenta con el guiño de Miguel Pichetto para su aprobación en ese cuerpo, según confiaron a parlamentario.com las fuentes consultadas. Con el número de senadores del PJ-FpV asegurado, cualquier resistencia del oficialismo en la Cámara alta no será suficiente.

El primer capítulo del proyecto que comenzará a tratarse próximamente en la Cámara alta apunta a la creación del Programa de Ingreso Social con Trabajo, que apunta a transformar en ley algo que ya existe por la vía del decreto y que ese sector busca así preservar. “No solo lo creamos por ley, incorporando todos los fundamentos de creación de ese programa, sino que planteamos que es necesario que el Ministerio de Desarrollo Social, en el plazo de lo que dura la emergencia social, lleve ese programa a un millón de puestos de empleo.

Esto como una de las formas de paliar la crisis que vive el sector de los trabajadores informales a partir de la política económica que viene desarrollando el Gobierno”, explicó a parlamentario.com el presidente del bloque Peronismo para la Victoria y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso.

El segundo capítulo de la Emergencia Social plantea la creación de las instituciones que se deberían crear en el corto plazo: en primer lugar, el Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular, una institución que esté en la órbita del Ministerio de Trabajo, que le permita en articulación con Desarrollo Social y las organizaciones de la economía popular hacer un registro nacional que cuantifique la dimensión de los trabajadores de la economía popular en la Argentina. Y en segundo lugar, el Consejo del Salario Social Complementario, o el Consejo de los Trabajadores de la Economía Popular, como una herramienta de negociación y de trabajo entre los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, y las organizaciones sociales que estén registradas en el registro que creó el Ministerio de Trabajo por resolución a principios de año.

La tercera parte de la Emergencia Social apunta al aumento de las asignaciones universales por hijo, que quedaron atrasadas durante un año, a través de un mecanismo que la actualice en función de la inflación. Es decir, si los dos aumentos que les dieron en el año llegan a un 30%, y la inflación anual se calcula en un 45%, que se actualice en un 15%.

“Esas son las tres medidas que nosotros creemos que son de contingencia, en términos de volcar recursos y tratar de que no haya pérdida del poder adquisitivo de los sectores que solo consumen, que no tienen capacidad de ahorro y que sobreviven a partir de esos recursos”, puntualizó Leonardo Grosso, que agregó que la movida incluye la creación de un millón de puestos de empleo “para ir garantizando que no se caigan todos del mercado de trabajo”.

La Emergencia Social se extendería por el término de un año, pero dejaría firmes las instituciones que vayan a ser creadas.

Según pudo saber parlamentario.com, tras la presentación del proyecto en el Senado, se organizará allí una jornada de debate para que diversos especialistas defiendan la norma, y una vez que el proyecto tenga estado parlamentario comenzarán a difundirlo en Diputados, de modo tal que “cuando llegue el proyecto con media sanción pueda avanzar rápido”, aseguraron las fuentes consultadas.

¿Y si sale la ley, como dan por descontado sus impulsores, pero el presidente después decide vetarla? Ahí entrarán a jugar la presión de las organizaciones sociales de una manera como no sucedió con la ley antidespidos.