Mucho se ha dicho de la plata de las Obras Sociales y pocas veces con profundidad. En el programa de televisión Intratables tuve un cruce por este tema por lo que me gustaría aprovechar la oportunidad para aclarar algunas cosas.

El sistema de salud en la Argentina es mixto y está compuesto por el sistema público, el privado y de obras sociales. En el contexto latinoamericano e incluso continental nuestro sistema brinda un servicio, que con todas sus falencias, mantiene la universalidad de las prestaciones en servicios como odontología o medicamentos contra el HIV. Mientras que en Estados Unidos por ejemplo recién en 2015 la Corte Suprema confirmó un seguro de salud universal, después de un debate que impulsó la administración de Barack Obama con una fuerte oposición.

En la Argentina el sistema de Obras Sociales brinda prestación a 15 millones de argentinos. Su fortaleza se debe a los aportes de los trabajadores que impiden el colapso del sistema de Salud Pública. Las Obras Sociales no manejan fondos públicos sino que se financian con el salario diferido de los trabajadores formales, que administran sus representantes. Por eso no corresponde que el Estado los administre. Es importante recordar en este punto que fue durante la última dictadura cívico-militar que se expropiaron estos fondos a través de la Ley 22.269 y que luego fueron devueltas endeudadas y casi en la quiebra en enero de 1989 con la Ley 23.660.

Que el Estado no administre no implica que no ejerza control sobre las Obras Sociales. Existen rigurosos controles a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Todos los consejos directivos de las Obras Sociales, desde el presidente hasta el último vocal, deben presentar declaraciones juradas obligatorias para ejercer sus mandatos. Esto no sucede con los prestadores privados, de los que muchas veces se desconoce sus dueños por estar conformados con herramientas financieras elaboradas para fugar ganancias o evadir impuestos. Sin embargo casi ningún periodista pone la lupa en esto. Las obras sociales están sujetas a auditores que designa el Estado a través de la SSS cuyos controles son tanto contables como así también sobre la calidad de sus prestaciones. Incluso el Estado tiene la potestad de entrevistar a los afiliados respecto del servicio.

Es importante entender también el golpe que le asestaron a la Salud Pública las reformas de los años ’90. El ingreso de las prepagas a la competencia con las obras sociales generó una segmentación del servicio de salud y el reemplazo de su sentido solidario por el del libre mercado. El régimen solidario de obras sociales está dado porque sin importar el nivel salarial, la edad o la cantidad de integrantes del núcleo familiar o las enfermedades que padezcan, todos, absolutamente todos tienen el mismo servicio.

Las prepagas en cambio ofrecen un servicio segmentado y se fueron llevando a los trabajadores con mejores ingresos, dejando cada vez más desprotegidos a los casos más complejos y a los sectores más humildes. Esta competencia desleal es contra la que luchan todos los meses las Obras Sociales que buscan brindar el mejor servicio posible, y muestra la desprotección del Estado frente al lucro como único objetivo de las Prepagas. Esto es lo que se oculta cuando se generalizan los casos de corrupción como el de Zanola para ensuciar todo el sistema. Es la defensa implícita del lucro como único criterio en el sistema de salud de los argentinos. No corresponde pretender una mejor salud pública sin referirse a estos temas porque la solidaridad no hay que declamarla, sino pagarla y eso es lo que hacen las obras sociales todos los meses, a pesar del marco regulatorio perjudicial que impone el Estado de todos los gobiernos, desde Menem a la fecha.

En los ’90 las Obras Sociales más chicas comenzaron a tener problemas con los servicios de alta complejidad, por los altos costos que tenían y su baja recaudación. Sencillo de entender: con 100 afiliados es imposible sostener el costo de una enfermedad crónica. Debido a esto se conformó un fondo que se financia con el 15% de los aportes de los trabajadores a las obras sociales llamado Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a partir del cual se reintegran estas prestaciones. El Sistema Único de Reintegros (que antes se llamaba APE) cubre los medicamentos oncológicos, gastos por discapacidad, enfermedades crónicas o de largo tratamiento, etc. Esto se hizo por el sentido solidario que no poseen las prepagas. El resto de este fondo financia incluso el funcionamiento administrativo de la SSS y debe retornar a cada sindicato de manera proporcional a lo que aportó. Este fondo que conforma el SUR es lo que desde el 2008 el Estado comenzó a retener perjudicando a los 15 millones de trabajadores que poseen aportes diferidos. La deuda alcanzó los $30.000 millones. Todos estos años las Obras Sociales han sido financiadas con los aportes sindicales, porque a diferencia de las prepagas que no atienden al que no puede pagar, éstas tienen un compromiso con los afiliados que aportan todos los meses. Hay otro dato que llama la atención que los periodistas omitan: el tercer beneficiario de los retornos de las APE ha sido OSDE, prepaga que no se encuentra precisamente entre las más chicas y que le cobra al Estado y también al afiliado.

Es importante entender y comunicar estos temas. No podemos engañar a la población. Sería bueno que se investiguen las rentabilidades, quiénes son los directivos de las grandes prepagas, y por qué no, también exigirle la presentación de sus declaraciones juradas. Hay que ser contundentes con el rechazo a la corrupción pero también ser conscientes qué se busca cuando se demoniza a las Obras Sociales reguladas por leyes que claramente perjudican la salud de las familias de sus afiliados.

De los $30.000 millones que el Estado retiene del dinero con que los trabajadores financian el sistema de salud solidario de las obras sociales, el gobierno de Macri se ha comprometido a devolver $2.700 millones por 100.000 expedientes adeudados con una quita del 20%; otros $8.000 millones han sido donados por los trabajadores a los hospitales públicos e irán a financiar un nuevo programa de cobertura universal de la salud; con $4.500 millones se financiará un Fondo de Emergencia y Asistencia de los agentes del seguro de salud; mientras que $14.000 millones se recibirán en bonos, atentos a la crisis financiera del Estado. Estos dos últimos ítems los administrará la SSS hasta el 2020. Una vez más se destaca el sentido solidario de las obras sociales con aquellos que se encuentran fuera del mercado formal de empleo, aunque muchos quieran exaltar los delitos de corrupción, en lugar de la corrupción de un sistema injusto.

Es inconcebible que en este contexto se pongan mantos de sospechas sobre estos fondos. Quiero creer que esto se debe a la ignorancia, para no suponer que muchos comunicadores tienen intereses particulares para instalar estos temas. Si fuera así sería honesto que digan que están en contra de la Salud Pública. Sería bueno que los comunicadores se ocupen de hacer saber a los afiliados que los fondos que retiene el Estado, también es lo que genera la tardanza en un turno, la falta de insumos o los muchos problemas que hoy tiene nuestro sistema de salud. Pero sobre todo es importante entender que la atención sanitaria en Argentina enfrenta problemas estructurales desde las reformas de los ’90 que rigen aún hoy sin modificaciones y es este el debate de fondo que tenemos que dar para mejorar nuestro sistema de salud.