La oposición más dura del Gobierno nacional es la que más lejos está hoy del poder. No es la que el Gobierno de Cambiemos invita a negociar, y por lo tanto no participa del armado de las leyes en el Congreso, a pesar de la horizontalidad que ha establecido allí la relación de fuerzas surgida de las elecciones. Ese papel está reservado para una oposición caracterizada como “racional”, si bien el Gobierno sabe que cuando la carrera electoral se ponga realmente en marcha le dará dura pelea.

Lejos del poder entonces, esos sectores más duros integrados fundamentalmente por el cristinismo y la izquierda, consideran que el espacio donde hoy son más fuertes es la calle, y como contrapartida sostienen que allí es donde el Gobierno es más débil.

Con multiplicidad de puntos de contacto con ellos, los movimientos sociales comparten ese pensamiento y la animadversión hacia el Gobierno. Y piensan dar pelea allí, más allá de las concesiones que en el camino puedan obtener. Porque necesitan de los recursos del Estado, y juegan convencidos de que las autoridades van a brindarles fondos ante el temor de que de lo contrario sobrevendría el incendio.

Ese es el pensamiento de los movimientos sociales que a falta de un liderazgo, encuentran en el Papa Francisco “el guía que nos muestra el camino”, tal la definición que un representante de estos sectores hizo ante este medio. “El habla de unidad y reivindica a los trabajadores como aquellos que pueden cambiar el orden de las cosas”, sostuvo el dirigente, miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, una entidad a la que Cristina Kirchner dio personería gremial cuatro días antes de concluir su mandato.

Precisamente con ese trasfondo pastoral reivindican como un gran hito la marcha del 7 de agosto a Plaza de Mayo, y en ese marco se arrogan el éxito más reciente de la Marcha Federal, que tuvo también a los movimientos sociales poniendo el número y la capacidad de movilización que los anima a ir por más.

A sabiendas de que la calle es su base, pero que las decisiones se adoptan en otros ámbitos, buscan su anclaje institucional en el Congreso de la Nación y la llave para ello se llama Movimiento Evita, que en ambas cámaras se ha nutrido de legisladores que encontraron en esa agrupación la vía para salirse del Frente para la Victoria sin dejar de ser kirchneristas, pero sin alardear con ello. En la Cámara de Diputados armaron un bloque de seis miembros escindidos del FpV-PJ, bajo la denominación “Peronismo para la Victoria”, mientras en el Senado tienen por ahora dos representantes que por un acuerdo tácito con el jefe de la bancada, Miguel Pichetto, no oficializarán ninguna ruptura. Son el bonaerense Juan Manuel Abal Medina y la riojana Teresita Luna, pionera en el Senado en emigrar a fines de junio hacia el Evita, donde su propio hermano ya era referente en La Rioja.

El objetivo principal que se plantean es aprobar la “emergencia social”, una propuesta que nació luego de que la UCA difundiera un estudio anunciando la abrupta caída en la pobreza de 1.400.000 personas en los últimos meses. Esos movimientos sociales tienen como cabezas visibles a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que encontraron apoyo en bloques opositores para impulsar una serie de propuestas a plasmar en un proyecto que en principio perseguía actualizar los programas de cooperativas, universalizar tarifas sociales de servicios y transportes, y devolución del IVA para beneficiarios de planes sociales.

Este último elemento ya se consiguió por una ley impulsada justamente por el Poder Ejecutivo, pero estos movimientos sumaron otros reclamos. El 26 de abril pasado, al presentar oficialmente la ley de emergencia social en el Congreso rodeados de legisladores de la oposición, Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP, citaba al papa Francisco, al que todo dirigente de estos sectores nombra permanentemente en sus discursos. Presente estuvo allí también el padre Carlos Accaputo, presidente de la Pastoral Social porteña y presentado como la mano derecha del Santo Padre: el encargado de hablar con políticos, sindicalistas y dirigentes sociales. “Hablar con él es hablar con Bergoglio”, dicen. En ese cónclave en la Cámara baja, Accaputo remarcó la importancia de esas organizaciones, recordando el Encuentro Mundial de Movimientos Populares celebrado en Bolivia el año pasado: “Me impactó mucho cuando Francisco, en su palabra a los movimientos sociales, los compara, de alguna manera, a lo que ha sido la historia del movimiento obrero a fines del siglo XIX, principios del XX”, con la diferencia de que “hoy ya no es la cuestión obrera sino la cuestión de la exclusión, de los que quedan afuera, de los que no entran”.

Cuatro meses después, el 24 de agosto, los movimientos sociales coparon el Salón Azul del Senado, donde reflejaron la situación que atraviesan y sus reclamos. “Los movimientos sociales nos dieron una maravillosa lección de pluralidad y unidad sin detenerse en ver de dónde venimos y poniendo el foco en hacia dónde tenemos que ir. Esperamos que con la ley de Emergencia Social, que seguramente vamos a proclamar en ambas cámaras, el gobierno no vuelva a repetir el mismo error que cometió con la ley de Emergencia Laboral al vetarla”, expresó el senador Abal Medina, anticipando el objetivo central que hoy mueve a esos sectores, convencidos como están de que van a lograrlo.

Es precisamente Abal Medina el encargado de presentar ese proyecto. Lo hace junto a Teresita Luna y el senador del GEN Jaime Linares, y cuentan con un dato clave: en el acto realizado a fines de agosto en el Senado hubo numerosos diputados y senadores, pero fundamentalmente se destacó la presencia de Miguel Pichetto, quien según palabras de estas organizaciones “se comprometió a apoyar la ley de Emergencia Social”. De hecho, en esa reunión el rionegrino habló de la necesidad de “avanzar en legislación que proteja a los trabajadores de la economía social”.

El proyecto en cuestión pondría en marcha el programa de Ingreso Social con Trabajo, que crearía un millón de puestos de trabajo, dicen, como así también un Salario Social Complementario que les permita alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

De confirmarse el aval del jefe del bloque PJ-FpV se garantizaría la aprobación de esa iniciativa en la Cámara alta. Según señaló a este medio el presidente del bloque Peronismo para la Victoria y referente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, tras la presentación del proyecto en el Senado, se organizará allí una jornada de debate para que diversos especialistas defiendan la norma, y una vez que el proyecto tenga estado parlamentario comenzarán a difundirlo en Diputados, de modo tal que “cuando llegue el proyecto con media sanción, pueda avanzar rápido”, explicó Grosso.

Los movimientos sociales se reunieron la última semana con diputados del Frente para la Victoria, Progresistas y el massismo. También esperan reunirse con el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó. Se ilusionan así con lograr que Diputados convierta en ley el proyecto. ¿Y si el presidente decide vetarlo? Ahí, advierten, entrará a jugar la presión de las organizaciones sociales, como no sucedió en su momento con la ley antidespidos.

Qué dice el proyecto

El primer capítulo del proyecto de Emergencia Social prevé la creación del Programa de Ingreso Social con Trabajo, que apunta a transformar en ley y unificar los planes sociales que existen por resolución. Asimismo plantea la necesidad de que el Ministerio de Desarrollo Social, en el plazo que dura la emergencia social -un año- lleve ese programa a un millón de puestos de empleo.

“Es una de las formas de paliar la crisis que vive el sector de los trabajadores informales a partir de la política económica que viene desarrollando el Gobierno”, explicó a Parlamentario el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso. El legislador precisó que se estima que por cada trabajador formal que pierde el empleo “se destruyen 3 o 4 trabajos informales, y ese desempleado comienza a competir con el trabajador informal”.

El segundo capítulo de la Emergencia Social plantea la creación del Registro Nacional de los Trabajadores de la Economía Popular, una institución que estaría en la órbita del Ministerio de Trabajo, que articulará con Desarrollo Social y las organizaciones de la economía popular para hacer un registro nacional que cuantifique la dimensión de los trabajadores informales. Paralelamente se creará el Consejo del Salario Social Complementario, donde estarán representados los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social y las organizaciones sociales que estén registradas oficialmente. En ese organismo se realizará paritarias para determinar el Salario Social Complementario, que elevará los haberes informales de los trabajadores informales registrados de modo tal que puedan alcanzar al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esto es: el Estado será el encargado de cubrir la diferencia que determine el Consejo, pero ese valor nunca deberá exceder la mitad del salario mínimo.

La tercera parte de la Emergencia Social apunta al aumento de la AUH que quedó atrasada por la inflación. Es decir, si los dos aumentos en el año llegan a un 30% y la inflación anual se calcula en un 45%, se debería actualizar un 15%.

Las fuentes legislativas de la oposición consultadas no precisaron el costo fiscal de la medida, pero replicaron que “los recursos están”, apuntando a las concesiones hechas a sectores a los que se quitaron las retenciones.

Contra esta iniciativa promovida por la oposición conspiran los tiempos: obviamente nada de esto ha sido contemplado en el proyecto de Presupuesto 2017 que acaba de ingresar al Parlamento.