El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, concurrió a la Legislatura porteña en el marco de una charla sobre incautación de bienes y su reutilización social, organizada por el legislador Gustavo Vera.

Tras su exposición en el panel, el funcionario se refirió al caso de inseguridad en Zárate, donde el carnicero Daniel Oyarzún mató al delincuente que le había robado. “Uno puede entender las situaciones de violencia que se viven, pero nunca la violencia es la solución y nunca es el camino”, resaltó Garavano.

Acerca de las declaraciones que el presidente Mauricio Macri hizo al respecto, señaló que “el presidente expresó lo que él consideraba, que por otro lado tiene su correlato y está tomado de lo que establecen hoy las normas procesales y la jurisprudencia en relación a las causas por las cuales las personas pueden estar detenidas, que son básicamente peligro de fuga y el entorpecimiento en la investigación judicial, así que el presidente marcó eso”.

“Yo creo que en alguna parte se cortó su declaración, porque más allá de que esté en su casa en tranquilidad, él mencionaba la reflexión que debía hacer esta persona en relación al hecho en que se había envuelto y creo que la misma persona hoy al recuperar la libertad admitió su arrepentimiento”, agregó.

En este sentido, consideró: “necesitamos poner a la víctima en su lugar, y al victimario también”. El ministro sostuvo que “la justicia muchas veces estuvo más cerca del victimario que de la víctima, y creo que necesitamos que la justicia esté más cerca de la víctima, respetando sus derechos, sus garantías, pero teniendo en cuenta quien fue el que sufrió el delito”.

En referencia a las políticas de justicia y seguridad de la gestión kirchnerista, el funcionario dijo que “durante muchos años el Estado no se preocupo de la inseguridad”. “Fueron muchos años donde se miró para otro lado o incluso se daban señales confusas”, añadió.

Garavano remarcó que “el Estado tiene que estar presente, primero con la fuerzas de seguridad y luego con una respuesta judicial”. Y afirmó: “este es el camino por el que estamos trabajando todos los días, para tratar de recuperar este rol del Estado y para tratar de que la inseguridad empiece a retroceder”.

Por otro lado, consultado por la solicitada de cientos de personalidades que pidieron por la destitución del juez federal Daniel Rafecas, el ministro expresó que “todos son libres de emitir opiniones” pero “los que tienen que decidir en estas cuestiones son órganos de la Constitución”.

Y explicó: “en este caso es el Consejo de la Magistratura el que tendrá que evaluar la situación tanto del juez Rafecas como de cualquier otro juez que sea denunciado por la violación de sus funciones”. “Ese es el camino institucional donde se tienen que dirimir estas cosas, más allá de las opiniones que puedan verter individual o colectivamente los ciudadanos”, cerró.

Incautación de bienes provenientes del crimen organizado

La mesa de expositores fue abierta por el diputado Gustavo Vera (Bien Común), titular de la fundación La Alameda, quien aseguró que “una forma de obtener sed de justicia por la comunidad es tener la reparación patrimonial”, y subrayó que en la justicia aún hay que “resolver obstáculos burocráticos” para avanzar en este sentido.

Por su parte, el juez federal Sergio Torres manifestó que “cuando hablamos de incautaciones estamos hablando de un cambio cultural”. “Creo que es obligación de los jueces ocuparnos de la problemática”, consideró.

Además, el magistrado enfatizó en el uso social de los bienes incautados a grupos mafiosos y el objetivo para que “se transformen en un símbolo contrario para lo que se habían utilizado”, como el caso de los bunkers.

En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que “este tema es un punto central para nuestra vida en sociedad”, y expresó que el Estado tiene que “golpear a estas organizaciones donde más le duele”, que es en sus bienes.

“No sólo hay que detectar los bienes, decomisarlos y embargarlos, sino que tienen que ser rápidamente reutilizados, y no en beneficio de los funcionarios, sino en beneficio de los que más lo necesitan”, dijo el ministro.

También, en alusión al proyecto de extinción de dominio que se encuentra en tratamiento en el Senado, aseveró: “el desafío que tiene el Congreso es aprobar una legislación donde esto esté regulado”.