Para la diputada del GEN, las operaciones del empresario detenido realizadas durante la época kirchnerista tenían las mismas irregularidades que la obra pública. Por eso pide que el Ministerio de Energía realice una auditoría.
Una nueva investigación de la diputada Margarita Stolbizer demostraría que los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernández también beneficiaron a Lázaro Báez con adjudicaciones de áreas de explotación petrolera, pese a carecer de antecedentes y capacidades para realizar inversiones y tareas.
A los fines de determinar con precisión esas irregularidades, la marcha de las contrataciones y negocios y las responsabilidades administrativa y/o penales, Stolbizer pidió al ministro de Energía, Juan José Aranguren, la realización de una auditoría técnica en relación a las presentaciones y actuaciones de las empresas Epsur SA y Misahar Argentina SA, como así también sobre la actuación de organismos como la ex Secretaría de Energía y Enarsa y los funcionarios de las respectivas áreas.
La diputada advierte en relación a las empresas de Lázaro Báez “falta de experiencia en el negocio, malos manejos financieros, incumplimiento de los planes de inversión”, entre otras cosas.
En su opinión, se trata de “otra faceta que evidencia la ingeniería armada desde la Presidencia de la Nación y de diferentes organismos de la administración pública nacional y provincial, orientada a beneficiar a empresas de Lázaro Báez. Esta vez en el negocio petrolero”.
Entre las irregularidades que pesaban sobre estas empresas al momento de otorgar la inscripción en el Registro de Operadores, la diputada Stolbizer enumera los siguientes datos:
1. Las empresas carecían de solvencia financiera y patrimonial. No contaban con el patrimonio mínimo exigido ($ 2.000.000);
2. Falta documentación de los garantes (estados contables consolidados, estatutos y modificaciones, actas de directorio o asamblea donde se resuelve otorgar las garantías)
3. Carencia de inventario de Epsur y Misahar en relación a bienes inmuebles, muebles, marcas de fábrica, como así también de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, y comprobantes de pago respectivos.
4. No demostración de capacidad técnica para desarrollar proyectos de hidrocarburos. No surge ni un solo antecedentes sobre actividades que hayan realizado. No poseen capital de trabajo.
5. Alto nivel de endeudamiento de las empresas Epsur SA y Misahar Argentina SA.
“Néstor Kirchner ya había hecho negocios desde Santa Cruz cuando se transfirieron sumas millonarias a las provincias en concepto de regalías petroleras. Entonces empezó a ver el negocio que podía constituir estar de los dos lados del mostrador: de los que adjudicaban y de los que ganaban los llamados del estado. Primero en la. Provincia y luego en la Nación. Y con su socio y amigo Lázaro Báez prepararon el desembarco. La constitución o compra de sociedades que servirían para poner en marcha esos negocios y apropiarse de otras áreas para sacarle recursos al estado fue casi al tiempo de la llegada a la Presidencia. Y como en las obras publicas ahí se empieza a mostrar el trato diferenciado y las ventajas económicas que se le concedían a Báez por parte de la secretaria de Energía y el Ministerio he Planificación”, puntualiza la legisladora.
Para Stolbizer, los vínculos entre la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez “son innegables”, y puntualiza: “negocios en común, inmuebles compartidos, alquileres que los unen. Y el negocio petrolero no sería la excepción. En este caso, los Kirchner también estarían detrás de este millonario negocio. Las dos empresas de Báez recibían asistencia técnica y de servicios de una sociedad denominada Consultora Magma SA. El objeto de esta empresa es únicamente brindar apoyo para la extracción de gas y petróleo. Y la sede de esta empresa en Río Gallegos se encuentra en un inmueble de la familia Kirchner: 25 de mayo 166. Este local de 234 metros cuadrados fue adquirido por Néstor Kirchner el 1 de diciembre de 1980 y fue declarado por Cristina Fernández de Kirchner hasta el año 2013 como producto de la herencia. Luego del comienzo de investigaciones judiciales sobre Lázaro Báez y sus empresas, intentaron borrar los vínculos con el empresario y ya nunca más fue declarado el inmueble”.
Agrega la diputada que las empresas de Báez comienzan sus actividades en el sector petrolero a partir del 2005 con adjudicaciones en las provincias de Santa Cruz y Chubut. También en Buenos Aires y Neuquén. “Nunca cumplieron los planes de inversión y su actuación estuvo plagada de irregularidades”, remarca Stolbizer.
“Así como la Dirección Nacional de Vialidad produjo informes sobre las contrataciones viales del estado con el Grupo Báez, y que ha sido un material muy importante para la marcha de las investigaciones de los delitos que se cometieron durante el último gobierno, es necesario que haga lo propio el Ministerio de Energía”, indica la legisladora. Y por eso también Stolbizer reclama que se presenten las denuncias penales que correspondan por los hechos y responsabilidades que puedan surgir de la auditoría.
