En su paso por el living de Susana Giménez, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal habló largamente de la inseguridad. “Yo no les digo que es una sensación”, se diferenció, para rematar diciendo que “yo creo que la justicia tiene que empezar a trabajar más del lado de la víctima”.

“La seguridad no es agregar policías mal formados; la seguridad va a llevar más tiempo, va a necesitar de muchas reformas”, dijo, y aseguró que las están adoptando.

En ese marco anticipó lo que tendrá lugar sobre el final de esta semana. El envío a la Legislatura provincial de dos proyectos tendientes a otorgar mayor respaldo judicial a quienes sufren hechos delictivos. Según pudo saberse este lunes, Vidal impulsará la modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires con el objeto de “potenciar el rol de la víctima dentro del proceso penal, cumpliendo así con aquellos estándares y exigencias constitucionales e internacionales, brindándoles a las víctimas del delito diversas herramientas procedimentales que le permitan un rol con mayor protagonismo, coadyuvando con el Estado en el control del proceso”.

Según adelantó la agencia Télam, el proyecto profundiza los derechos y atribuciones de la víctima a lo largo del proceso penal. En particular, se habilita a la víctima a intervenir en la etapa de ejecución, encontrándose, en la redacción actual de la norma, expresamente excluida. Por otra parte se le brinda a la víctima la posibilidad de expresar su opinión respecto de las resoluciones de sobreseimiento, de aplicación del instituto de juicio abreviado y del cómputo de la pena.

Asimismo se incluye a la víctima para que pueda participar de la discusión final del debate, asignándole el primer lugar en el orden de exposición.

El otro proyecto modificaría la Ley de Ejecución de las penas privativas de la libertad con el propósito de brindarles a las víctimas diversas herramientas procedimentales que le permitan un rol con mayor protagonismo, coadyuvando con el Estado específicamente en la etapa de ejecución de la pena.

Según se adelantó, se modifica el artículo 3 de la Ley de Ejecución Penal, y se determina que las resoluciones se adoptarán oralmente, previa audiencia pública y contradictoria, con la participación del imputado, su defensa, el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado.

Por otra parte se establece que la víctima que así lo solicite expresamente, deberá ser notificada de la fijación de cualquiera de las audiencias, oportunidad en la cual podrá expresar su opinión, “debiendo el juez valorar expresamente lo que ella diga”.