Se trata de un régimen de contratación público-privada para obras de infraestructura y servicios, que obtuvo 48 votos a favor y 13 en contra.
Con el fin de atraer las inversiones que el Gobierno esperaba al acordar con los holdouts, el oficialismo consiguió aprobar en el Senado este miércoles un proyecto de ley que regula el sistema de Participación Público-Privada (PPP), que obtuvo 48 votos a favor y 13 en contra.
El proyecto, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, propone un régimen de contratación para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura y servicios en sociedad con el Estado, para lo cual fija una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución.
La sesión fue presidida por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dado que Gabriela Michetti se encuentra ejerciendo la presidencia por el viaje de Mauricio Macri a la Asamblea de las Naciones Unidas.
Como miembro informante, el senador Carlos Espínola (Frente para la Victoria-PJ) señaló que “la participación pública y privada permite aprovechar la experiencia, facilidades y financiamiento del sector privado, incentivando los proyectos de infraestructura a largo plazo”.
“Es una herramienta que podría permitirnos concretar más obras de infraestructura”, señaló, y se refirió puntualmente a su provincia, Corrientes, donde dijo que les permitiría “llevar adelante obras grandes, como por ejemplo nuevos puentes, autovías, nuevos puertos y generación de energías sustentables”.
Además, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte destacó que el proyecto oficial fue “enriquecido” durante el debate, donde sufrió alrededor de 30 modificaciones, entre las que mencionó que “se ha incorporado a la AGN como un organismo de contralor externo”.
A su vez, el radical Alfredo Martínez señaló que “este es un proyecto que solicitaba el Poder Ejecutivo para poder generar trabajo”, mientras que su par Silvia Elías de Pérez destacó que la futura ley “descentraliza las decisiones, es federal y transparente”.
Sin embargo, parte de la oposición advirtió que la futura ley compromete la soberanía y la jurisdicción nacionales, y pronosticó que no se podrá cumplir el objetivo de atraer inversiones.
Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal, alertó que “le estamos cargando todos los riesgos de estos contratos al Estado, que deberá asumirlos como tal”, y auguró que “vamos a volver a los tribunales internacionales”.
Otra senadora en expresarse en contra fue Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino), quien apuntó que el proyecto oficial “tiene cláusulas muy gravosas para el Estado argentino”. “Nuestro objetivo es fortalecer el Estado, no renunciar a sus facultades”, dijo.
La misionera Sandra Giménez también fue crítica: habló de un marco jurídico “flexible” y hasta dijo sentirse arrepentida de haber votado a favor del acuerdo con los holdouts, cuando todavía integraba el bloque del Frente para la Victoria.
En el mismo sentido, la kirchnerista santacruceña María Ester Labado sostuvo que “el Estado no puede perder el eje de contralor que tiene como derecho indelegable sobre toda obra pública”, y, aunque se disponía a votar a favor, terminó por hacerlo en contra.
Por el mismo bloque, Marcelo Fuentes sostuvo que la futura ley “es una trampa” y que “apunta a que los negocios se realicen con determinadas corporaciones”.
Más duro, Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) denunció que el régimen de contratación público-privada “es una vuelta atrás impresionante, es entronizar el Estado bobo y la imbecilidad de los argentinos”.
Al cierre del debate, el jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto, destacó el Foro de Inversión y Negocios de la Argentina, más conocido como “mini Davos”, celebrado hace pocos días. “Fue una experiencia interesante la presencia de presidentes y gerentes de importantes compañías del mundo que han debatido sobre la potencialidad argentina”, expresó.
El rionegrino justificó su apoyo al indicar que “en este primer año, el Gobierno necesita contar con los instrumentos para llevar adelante su propuesta política y económica”, y apuntó que las inversiones que podrían llegar, serían en materia de “energía eólica, rutas, caminos y ferrocarriles, pero no mucho más”.
Por último, el radical Julio Cobos explicó que “el espíritu de esta ley es hacer más rápidas las obras”. “Estamos contribuyendo a generar empleo y a reorientar las inversiones”, finalizó el mendocino.
El proyecto
Según el artículo primero, “los contratos de participación público-privada son aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el Sector Público Nacional (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos (en carácter de contratistas)”.
Esa asociación debe ser “con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, y servicios conexos a los mismos”.
La parte comprobante deberá verificar, entre otras cosas, “que el plazo del origen del contrato permita la recuperación de las inversiones efectivamente realizadas, el repago del financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable, no pudiendo superar en ningún caso, los 35 años de duración, incluyendo sus eventuales prórrogas”.
El sector público también tendrá la obligación de “ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos”, promover la participación de las pymes e incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo, además de garantizar el cuidado del medioambiente en las obras que se emprendan.
Las bases de la contratación podrán contemplar la constitución de sociedades anónimas o de fideicomisos financieros que tendrán a su cargo la suscripción y ejecución del contrato de PPP hasta su total terminación.
Además, la selección del contratista se hará mediante el procedimiento de licitación o concurso público, nacional o internacional, y la adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada “la más conveniente para el interés público”, priorizando a las empresas nacionales en el caso de igualdad de ofertas.
En el artículo 22, se establece que “la Auditoría General de la Nación deberá incluir en cada plan de acción anual la auditoría de la totalidad de los contratos de participación público privada existentes, su desarrollo y resultado”.
El proyecto también establece una serie de incompatibilidades para contratar, por ejemplo, “ser funcionario público dependiente de la contratante, o ser una firma, empresa o entidad con la cual el funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación o dependencia”.
Asimismo, se contempla la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento o arbitraje para la solución de controversias que puedan surgir.
En la reglamentación, el Poder Ejecutivo Nacional deberá crear un órgano que tenga a su cargo la “centralización normativa” de los contratos regidos por la ley, que “prestará apoyo consultivo, operativo y técnico en las etapas de formulación del proyecto, elaboración de la documentación licitatoria o ejecución del contrato”.
La iniciativa fue defendida en la Cámara alta por el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y ahora deberá ser avalada en Diputados.
