En caso de aprobarse la iniciativa impulsada por un diputado pampeano, el delito alcanzaría a familiares de funcionarios.
El diputado nacional Gustavo Fernández Mendía (PJ-La Pampa) presentó un proyecto de ley por el cual propone ampliar la figura del enriquecimiento ilícito también a los particulares vinculados a funcionarios públicos.
El texto, que ya tomó estado parlamentario, equipara al enriquecimiento ilícito de funcionarios “al particular que a través de su vinculación con el funcionario incurso en la conducta de enriquecimiento ilícito, obtuviere ventajas o beneficios en la contratación de obras públicas o concesiones de servicios públicos, directamente relacionados con la irregular conducta del funcionario en el desempeño de su cargo”.
El legislador destaca en los fundamentos que “una de las principales preocupaciones de los argentinos en la actualidad es la corrupción, y ante la sola mención de esta lamentable práctica resulta casi inevitable relacionarla con la obra pública, sus contratos y las concesiones del estado. A diario recibimos a través de los medios de comunicación noticias en las que se entremezclan dichos y hechos sobre la materia, algunos de carácter oficial y otros periodísticos que van conformando una trama casi novelesca que derrama una espesa mancha sobre la honra de todos los que participan de estos procesos”.
En este sentido agrega que cuando un funcionario público incurre en esa figura delictiva “se necesitan otros protagonistas que en la actual legislación son beneficiarios de un régimen penal más laxo, pese a que el bien jurídico a proteger es el mismo”.
Además remarca que “quienes ocupan un cargo público aceptan la carga de la inversión de la prueba a la hora de demostrar su evolución patrimonial y es lógico que los que pretenden ser beneficiarios de los dineros o concesiones públicas deban respetar similar tratamiento.
De igual manera quienes ofician de prestanombres o testaferros, a sabiendas de que se ha cometido un delito contra el estado y se constituyen en cómplices o al menos en partícipes necesarios, completando el circuito de la exacción de dineros gubernamentales merecen una sanción ejemplificadora”.
