La jefa del bloque Peronista de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rosa Muiños, presentó una serie de proyectos con el objetivo de colaborar en la optimización del proceso de transferencia de la Justicia de la Nación a la Ciudad, con el fin de garantizar los derechos laborales de los magistrados, funcionarios y empleados tanto de la Nación como de la Ciudad e igualar los regímenes de remoción de los magistrados.

En primer lugar, Muiños busca “asegurar el nivel salarial de los magistrados y las mismas mayorías en los sistemas de remoción de los mismos, una vez que se transfieran sus competencias a la Ciudad”.

Para garantizar que los salarios no se vean afectados, la legisladora peronista propone una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad, con el fin de especificar en su artículo N° 13 que “las remuneraciones se liquidarán de manera uniforme dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo el derecho de igual remuneración igual tarea”.

Con respecto al sistema de remoción de los jueces, Muiños plantea que se requiera “el voto de seis de los miembros del jurado como mínimo, si correspondiera destituir al acusado”, y no de cinco como se necesita en la actualidad, según el artículo 28 de la Ley 54 de Jurado de Enjuiciamiento. De esta manera, se igualarían las garantías para la remoción de los magistrados, siendo necesarias las mismas mayorías tanto en la Nación como en la Ciudad.

“Nos ocupa la particular situación de los magistrados que pasarán a desempeñarse en la Ciudad en el proceso de transferencia y especialmente que no se vean afectadas sus garantías ni sus derechos adquiridos”, sostiene la jefa del bloque Peronista en los fundamentos del proyecto.

Por otro lado, Muiños presentó un proyecto de declaración en el que “vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional incorpore a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial local al régimen de jubilaciones del Poder Judicial nacional”. Esto está establecido en el Decreto N° 109/76, el cual implementa un mecanismo para que las percepciones jubilatorias de los magistrados, funcionarios judiciales y del Ministerios Público se efectúen por intermedio del Poder Judicial de la Nación. “Esto es así, ya que al día de hoy los magistrados de la Ciudad que se jubilan no tienen el mismo mecanismo de actualización de los haberes como lo tienen los magistrados nacionales a través de la oficina de liquidación de haberes pasivos del poder judicial de la Nación”, indicó.

Asimismo, la legisladora propuso que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación equipare el régimen de beneficios y prestaciones de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a los jubilados y pensionados pertenecientes al Poder Judicial local mediante una acordada” y que no dependa de un convenio, como en la actualidad. De esta manera, se contemplaría que los beneficiarios jubilados no tengan que abonar adicionales por seguir utilizando la obra social.

“Los judiciales de la Ciudad gozan de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, como consecuencia de un convenio firmado en 1999 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura local. Sin embargo, lo hacen de manera provisoria, ya que puede ser rescindido en cualquier momento y no garantiza en modo alguno la continuidad de esos beneficios al momento de jubilarse”, explicó la legisladora peronista. Y agregó “en el marco del proceso de transferencia de competencias que está atravesando la Justicia entre la Nación y la Ciudad sería deseable que la Corte Suprema equipare los servicios de la Obra Social de Nación para jubilados y pensionados judiciales de la Ciudad con una acordada y no sólo con un convenio”.

Por último, Muiños se mostró convencida de que “estas iniciativas contribuirán a la correcta organización de las transferencias de los juzgados nacionales a la Ciudad y a afianzar su autonomía, tal como expresa la Constitución”.