Por Carolina Ramos

“CEO” es la sigla en inglés de “Chief Executive Officer”. La traducción más aceptada del término es “director ejecutivo” o “director general”. Quizá su significado no sea conocido con exactitud por el ciudadano común. Pero no es bien visto cuando esa sigla se asocia a la política.

Al momento de armar su estructura de Gobierno, Mauricio Macri eligió rodearse de funcionarios que, en buen número, tuvieron un pasado como gerentes, directivos o accionistas de empresas. La oposición -y sobre todo, el kirchnerismo- no tardó en ponerle carátula a ese tipo de gestión: “la CEOcracia”.

El caso del ministro Juan José Aranguren es el más resonante entre los empresarios elegidos por Macri, pero no es el único. Hay otros ejemplos menos conocidos en el Ministerio de Energía y Minería y también en el Banco Nación, dirigido por Carlos Melconian.

Terminar con esta tendencia es el objetivo que persiguen al menos tres proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El último y más completo fue presentado por Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, quien advirtió que “la CEOcracia es uno de los factores más graves de corrupción de esta época”.

“El proyecto apunta a regular en la Ley de Ética Pública los conflictos de intereses en los que se ven involucrados exdirectivos o ejecutivos que ejercen en la administración del Estado”, explicó el mendocino en diálogo con Semanario Parlamentario.

La iniciativa incluye “circunstancias que actualmente no están contempladas en la ley y que significan evidentes conflictos de intereses”, dado que “la situación actual es de absoluta permisividad en la participación tanto de exgerentes como directivos y accionistas”, advirtió Carmona.

Esa “permisividad” proviene del decreto 862/2001, firmado durante el Gobierno de Fernando de la Rúa por inspiración del ministro de Economía Domingo Cavallo. Bastó con modificar dos artículos de la Ley de Ética Pública para facilitar el acceso de los CEOs a la función pública, y también el egreso: lo que Carmona llama “la puerta giratoria”.

El nuevo régimen, más flexible, abrió las puertas a que los funcionarios que habían decidido sobre privatizaciones o concesiones de servicios públicos pudieran integrar organismos de control, estableciendo un breve plazo -tres años- de incompatibilidad. Además, se habilitó que directivos de empresas pudieran ser funcionarios públicos con la sola renuncia a esas empresas. “En el decreto -analizó Carmona- se consagró una consideración de superioridad de lo privado sobre lo estatal”.

El diputado sostuvo que “si actualmente estuviera vigente el texto original, muchos de los actuales funcionarios no podrían serlo”, por lo que su proyecto busca recobrar el espíritu de la Ley 25.188, restituyendo algunos de sus artículos e incorporando otros nuevos.

Lo primero que hace la propuesta de reforma es definir qué se entiende por “conflicto de interés”, esto es, “el conflicto entre obligaciones públicas e interés privado que puede indebidamente influir en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades”.

Pero lo más importante consiste en que un funcionario no podría acceder a un cargo en el Estado sin haberse desvinculado dos años antes de la empresa de la que fue directivo, siempre y cuando se trate de una compañía relacionada directamente con la función a desempeñar. La misma exigencia corre para el paso del sector público al privado. Y, en el caso del jefe de Gabinete, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, el plazo sube a tres años. En todos los casos se amplían las incompatibilidades al cónyuge, conviviente o familiar hasta el segundo grado de consanguineidad.

El proyecto vuelve a prohibir que quienes hayan participado de procesos privatizadores puedan integrar organismos de control, tal como indicaba la Ley de Ética Pública original. Otra novedad que incorpora, a partir del caso Aranguren, es que la participación accionaria en empresas se sume como incompatibilidad. Hace pocos días, el ministro de Energía puso punto final a la polémica y vendió sus acciones en Shell -estimadas en alrededor de 16 millones de pesos-, por recomendación de la Oficina Anticorrupción (OA).

Por otra parte, Carmona propone que, además de la Declaración Jurada patrimonial, el funcionario deba presentar una “Declaración Jurada de actividades indicativas de conflicto de intereses”. El funcionario debería enviar a la OA ese documento dentro de los 30 días hábiles desde su asunción en el cargo, y debería incluir información sobre su desempeño en los últimos cuatro años.

En el caso de la DDJJ patrimonial, el funcionario tendría la obligación de detallar su participación en sociedades offshore, ya sea como directivo o como accionista, como dijo ser el propio Macri cuando se lo vinculó con este tipo de sociedades en los “Panamá Papers”.

El proyecto de Carmona fue acompañado con las firmas de once legisladores del Frente para la Victoria, y fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas en manos de Cambiemos, que no tiene en sus planes llamar al debate. Carmona sumará en los próximos días una propuesta complementaria, que consiste en crear una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Ética Pública.

La iniciativa del mendocino no es la única en la Cámara baja. La líder del GEN, Margarita Stolbizer, tiene un proyecto para limitar la participación de funcionarios en negocios financieros. Otros dos diputados kirchneristas, Martín Doñate y Edgardo Depetri, impulsan sendos proyectos para que el tema de las sociedades offshore no pueda ser más esquivado en las Declaraciones Juradas. Por último, hay una iniciativa de un oficialista. Se trata de Fernando Sánchez, mano derecha de Elisa Carrió en Diputados, que en el mismo sentido que Carmona propone una Declaración Jurada de incompatibilidades por parte de los funcionarios públicos. Todos proyectos que alimentan un debate ríspido, pero necesario.